*Aquí el retrato de un gobierno municipal, incapaz e incompetente, que sólo reacciona ante la amenaza de una revuelta social.
El Habal.– Familias de la colonia Líderes en Acción, en la sindicatura de El Habal, se vieron obligadas a paralizar las actividades oficiales del Ayuntamiento de Mazatlán para exigir una respuesta a una crisis que las autoridades arrastran desde hace una década: vivir sin el servicio básico de energía eléctrica, bajo el azote de la deshidratación y al borde de un enfrentamiento civil sangriento.
Lo que debió ser una reubicación digna hace más de diez años se ha transformado en una bomba de tiempo social, legal y de salud pública.
La protesta, que encaró directamente a la alcaldesa a las puertas de la sindicatura, desnudó la cruda realidad de un gobierno municipal históricamente incapaz de cerrar procesos burocráticos elementales.
Desplazados originalmente por la construcción de una carretera federal, los habitantes de Líderes en Acción fueron segregados institucionalmente. Mientras que a sus vecinos de la colonia Buenos Aires se les otorgó certeza jurídica y servicios completos, a este sector se le condenó al limbo legal.
A pesar de haber liquidado el costo de sus terrenos a particulares y de contar paradójicamente con redes de agua y drenaje, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les niega el contrato de luz debido a la flagrante omisión del Ayuntamiento, que no ha sido capaz de tramitar las cartas de regularización jurídica necesarias en más de diez años.
Niños enfermos y promesas de «sangre»
El costo de esta negligencia administrativa ya no se mide en papeles, se mide en vidas humanas.
Los manifestantes denunciaron que las altas temperaturas ya están provocando cuadros graves de deshidratación en niños y adultos mayores, una emergencia de salud que el DIF Municipal apenas reaccionó a atender bajo la presión de la protesta.
Pero la crisis médica es solo una mitad del problema; la otra es la violencia inminente. Ante la desesperación de no tener luz, el tejido social se ha fracturado por completo.
El pasado sábado se registró un altercado a golpes entre civiles de la colonia Buenos Aires y de Líderes en Acción por el acceso a la energía.
La advertencia de los afectados hacia el gobierno fue tajante y desesperada: «En tres días nos van a tumbar, nosotros les vamos a tumbar el transformador… ¿va a correr sangre? Sí, porque no hay ninguna instancia que haga presencia». La declaración deja en claro que la ausencia y el desinterés del Estado han empujado a los ciudadanos a la Ley del Talión.
Reacción tardía y «soluciones» de parche
Obligada por la irrupción de los inconformes y el riesgo de un escándalo mayor durante su gira de trabajo, la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, tuvo que improvisar una agenda de emergencia. En plena calle, gestionó una cita exprés con el superintendente de la CFE, Ing. Víctor Manuel Morachis Machado, y ordenó a las direcciones de Vivienda, Bienestar y al DIF acompañar a la líder comunitaria, Patricia Hermosillo, para mendigar una solución que debió resolverse hace dos administraciones.
La «gran respuesta» gubernamental para contener el estallido social consistió en prometer que gestionarán opciones provisionales (como la instalación de un transformador propio o «bufas») y permitir temporalmente que la gente se «cuelgue» de cables para subsistir. Una admisión implícita de que las instituciones prefieren normalizar la ilegalidad y el riesgo eléctrico antes que agilizar sus propios procesos de regularización.
El Habal no solo arrastra el descontento por el polémico proyecto del nuevo relleno sanitario en el predio «La Amapa»; hoy carga con la evidencia de un Ayuntamiento que reacciona únicamente cuando el agua le llega al cuello y cuando la amenaza del conflicto civil es el único lenguaje que parece entender.
La reunión con la CFE es solo un analgésico temporal para una herida de diez años que sigue abierta por la ineficiencia oficial.
