Felipe Guerrero Bojórquez
Vencido el plazo para que México cumpla con extraditar al gobernador con licencia, Rubén Rocha y a siete funcionarios más y no lo hace ¿Estados Unidos decidiría venir por ellos?
El reloj ya comenzó la cuenta regresiva.
Y conforme avanzan los días del plazo de dos meses establecido dentro del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, el escenario podría pasar de lo jurídico y diplomático a lo político y de seguridad nacional. Un tema peligroso porque el vecino país podría considerar que el problema ya no es contra un Estado que salvaguarda el derecho internacional, sino un Estado que protege, promueve e impulsa el narcoterrorismo.
¿Qué hará Washington si México decide no entregar a Rubén Rocha y a los demás personajes requeridos por presuntos vínculos con el crimen organizado?
El régimen de Sheinbaum intenta minimizar las consecuencias. Quiere hacer creer que Estados Unidos no tiene pruebas para incriminar a los requeridos y que Trump va a retroceder en su exigencia de extradición. Nunca lo hará. Mucho menos cuando detrás existen investigaciones financieras, testimonios protegidos, inteligencia criminal, criterios de seguridad nacional y elecciones en puerta.
Por eso la reacción estadounidense, en caso de una negativa del gobierno mexicano, difícilmente se limitaría a una protesta diplomática. Vendría primero el endurecimiento gradual y los apretones correspondientes: cancelación de visas, congelamiento financiero, sanciones selectivas. presión económica, restricciones comerciales, exhibición pública de expedientes, mayor intervención de agencias de inteligencia y vigilancia financiera.
Todo ello acompañado de demoledoras declaraciones de Trump y sus voceros contra el gobierno mexicano en el sentido de su protección institucional a personajes ligados al narcotráfico.
Justo la propaganda estratégica de la ultraderecha estadounidense para justificar peligrosamente la incursión selectiva al considerar, bajo esa lógica, que determinadas estructuras criminales ya no son únicamente narcotraficantes, sino organizaciones narco-terroristas protegidas por el Estado.
Lo anterior no significa que llegado el momento, al otro día, ocurra una incursión focalizada en territorio mexicano. Sería irresponsable afirmarlo. Una operación de extracción violaría gravemente la soberanía nacional y provocaría una crisis diplomática de dimensiones históricas.
Pero tampoco puede ignorarse que Estados Unidos tiene antecedentes de operaciones extraterritoriales cuando considera agotadas las vías institucionales, y comprometidos sus intereses estratégicos. Ahí está precisamente el tamaño del riesgo.
Y mientras todo esto ocurre, el discurso del régimen, de la presidente Sheinbaum, de los líderes morenistas en el Senado y la Cámara de Diputados, se aferra a la protección de los suyos, exigiendo pruebas y argumentando la defensa de la soberanía y la no injerencia. La narrativa oficial pretende colocar el debate en el terreno del orgullo nacional y no en el fondo de las investigaciones.
Pero el problema para Morena es otro.
A Washington no le interesa moverse bajo la lógica del debate político mexicano ni bajo los tiempos mediáticos de la conferencia mañanera.
Estados Unidos opera bajo expedientes reservados, inteligencia financiera, cooperación internacional y criterios de seguridad nacional. Y si en este contexto, con toda la información de sus agencias, considera que el poder mexicano decidió cerrar filas alrededor de personajes bajo sospecha criminal, el conflicto escalaría a un choque directo entre el Estado mexicano y la política de seguridad nacional de Estados Unidos.
Los responsables de la seguridad nacional de Estados Unidos saben, en consecuencia, que si Rocha cae, no caería solamente un gobernador, caería una de las piezas políticas más importantes del obradorismo en el país. Si los gringos decidieran venir por él por otras vías, el mensaje al mundo sería todavía más devastador: Washington dejó de confiar en las instituciones mexicanas para enfrentar al narcotráfico, y ahí el problema ya no se llamaría extradición, se llamaría soberanía bajo sospecha de narco-Estado.
