- En entrevista para RN Noticias en Caliente, la dirigencia tricolor planteó la urgencia de alianzas con el PAN, PAS y MC, la activación de blindaje institucional para candidatos y el despliegue de observadores internacionales.
CULIACÁN, Sin.— Con la mira puesta en el proceso electoral de 2027 y en medio de una severa crisis de seguridad que impacta a la entidad, la dirigencia estatal y la delegación nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa trazaron su hoja de ruta política: la búsqueda de un megabloque opositor unificado, la exigencia de una mesa interinstitucional de seguridad electoral y el blindaje de las casillas mediante la sociedad civil e instancias internacionales.
Durante su participación en el espacio informativo RN Noticias en Caliente, conducido por Víctor Flores, Eduardo Esquivel y Felipe Manzanares, los líderes del tricolor sostuvieron un amplio diagnóstico sobre la situación económica, social y de gobernabilidad que atraviesa el estado.
Frente unificado para evitar la pulverización del voto
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, advirtió sobre el riesgo inminente de fragmentar el voto de oposición en las próximas elecciones. Ante este panorama, hizo un llamado formal para consolidar un frente amplio que aglutine al PRI, PAN, Partido Sinaloense (PAS) y Movimiento Ciudadano (MC).
Al abordar la imposibilidad legal de sumar a las fuerzas de reciente creación a una alianza formal, Gerardo Lugo puntualizó que los límites estatutarios de esos cuadros no deben frenar un entendimiento estratégico entre los partidos tradicionales para competir con fuerza frente al bloque oficialista.
«El objetivo es claro: recuperar el rumbo de Sinaloa, los apoyos al campo, a la pesca y a las MIPYMES que hoy están ahogadas por la falta de incentivos», aseveró el dirigente estatal, tras hacer un balance de un recorrido de 170 mil kilómetros por los 20 municipios de la entidad, donde denunció el desabasto de medicamentos y el cierre de infraestructura hospitalaria clave como el Hospital Regional de Guamúchil.
Blindaje electoral y garantías para candidatos
A raíz de los recientes acontecimientos de intimidación contra figuras políticas en la entidad —como el caso de la diputada local Paola Gárate, quien recibió una corona fúnebre en su domicilio—, el PRI planteó de forma urgente la instalación de una mesa interinstitucional de seguridad.
La propuesta presentada por la dirigencia tricolor contempla la coordinación directa entre:
Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones policiales estatales y municipales.
Esta instancia tendría la facultad de reaccionar de manera inmediata ante cualquier denuncia o amenaza dirigida a candidatos y actores políticos de cualquier fuerza partidista durante la contienda.
Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Sinaloa, Roberto Padilla, subrayó que la dirigencia nacional mantendrá una estrecha vigilancia con el acompañamiento de organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tribunales internacionales. Asimismo, anunció una «cruzada nacional» para asegurar que los centros de votación sean resguardados por ciudadanos sin militancia.
«Iremos a una contienda donde el oficialismo será fuertemente observado. Estamos promoviendo que uno de los representantes de casilla sea directamente de la sociedad civil para cuidar la legalidad y evitar lo sucedido en 2021», afirmó Padilla.
Violencia de origen e impunidad
Durante la emisión, la secretaria general del CDE del PRI, Liliana Cárdenas, sostuvo que la actual coyuntura de inseguridad que vive Sinaloa tiene su raíz en los acuerdos e intimidaciones registrados en el proceso electoral de 2021, donde diversos operadores y candidatos del partido sufrieron persecuciones.
Cárdenas cuestionó las políticas de seguridad del gobierno federal y estatal, calificándolas de «condescendientes», y contrapuso el activismo del PRI mediante la figura de sus «Defensores por Sinaloa» —encabezados por el diputado federal Mario Zamora y la senadora Paloma Sánchez— para recorrer los municipios y recoger las demandas ciudadanas de cara a los tiempos electorales.
Asimismo, la dirigencia fijó postura respecto al asesinato del exrector y diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, calificando las investigaciones iniciales a nivel local como una «simulación» y reiterando que el crimen debe ser esclarecido a fondo por las autoridades federales e instancias internacionales.
El choque narrativo hacia el 2027
En el tramo final del encuentro, la dirigencia priista exhortó a la población a no dejarse intimidar con la presunta pérdida de los programas sociales, recordando que la pensión universal y las becas son un derecho establecido en la Constitución.
Con la reestructuración de sus comités seccionales y municipales en marcha, el PRI en Sinaloa busca reagruparse bajo un relato de «resistencia democrática» y unificar a la oposición local para disputar los espacios de poder en los comicios de 2027.
