Culiacán, Sin. — La presión política contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, dio un paso formal en el Congreso del Estado. Una comisión ciudadana de firmantes, en representación de la diputada Paola Gárate y la bancada del PRI, acudió a la Secretaría General del Poder Legislativo para ratificar de manera presencial la solicitud de juicio político que busca la destitución definitiva del mandatario.
El expediente quedó en manos de la secretaria general del Congreso, Conzuelo Gutiérrez, quien turnará el caso a la Mesa Directiva para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y, posteriormente, derivarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su dictaminación.
La denuncia incorpora señalamientos basados en acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se sostiene que en la campaña de 2021 se habrían pactado acuerdos con la facción de «Los Chapitos» para asegurar el triunfo electoral a cambio de mandos clave en el gobierno.
Se acusa un presunto desvío de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para favorecer las operaciones de un grupo delictivo, compartir información sensible y neutralizar a facciones rivales.
La querella enfatiza que la gravedad de las imputaciones vulneró la neutralidad de las corporaciones y la cooperación entre autoridades estatales, federales e internacionales, lo que exige una resolución en el fuero político con independencia del curso de las investigaciones penales.
Con la ratificación de este recurso, la bancada priista y los ciudadanos promoventes buscan sentar al Ejecutivo en un procedimiento público que defina su responsabilidad política ante la crisis institucional que atraviesa la entidad.
