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jueves, 3 septiembre, 2026

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Mano dura en San Lázaro: El PAN plantea hasta 140 años de cárcel a narcopolíticos y funcionarios coludidos con el crimen

CDMX.-Con la consigna de poner fin a la “narcopolítica” y blindar las instituciones públicas, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados impulsó una iniciativa para castigar severamente a los servidores públicos que establezcan alianzas o brinden protección al crimen organizado.

La propuesta contempla penas que van de los 80 a los 140 años de prisión, castigos que en la práctica equivalen a una cadena perpetua.

La medida, acordada previamente durante la reunión plenaria del partido en La Paz, Baja California Sur, busca atacar directo la infiltración de los cárteles en las estructuras del Estado y en los procesos electorales.

De acuerdo con la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero Herrera y el coordinador bancario Elías Lixa Abimerhi, la reforma responde a la urgencia de terminar con la impunidad institucional y la complacencia frente a la delincuencia organizada.

Claves del proyecto de ley

Propone modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para encuadrar estas conductas bajo esquemas de investigación y persecución prioritaria.

Además de las condenas que superan un siglo en prisión, la iniciativa fijó multas de hasta 24 mil días y determinó que estos delitos no prescriban, impidiendo que el paso del tiempo exonere a los responsables.

Las penas se aplicarían directamente a integrantes de la delincuencia organizada que vulneren la división de poderes, así como a titulares del Ejecutivo federal y estatal, secretarios de Estado, fiscales y mandos de seguridad que coludan, faciliten u omitan sus funciones para favorecer al crimen.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez, impulsor del proyecto, advirtió desde la tribuna que la crisis de seguridad no solo vulnera la paz social, sino que pone en riesgo directo las decisiones democráticas del país.

Por su parte, Elías Lixa sentenció que el Estado no puede continuar «secuestrado por intereses criminales», exhortando al resto de las fuerzas políticas a discutir y avalar el dictamen para cerrar el paso a la impunidad.

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