Por: José Luis López Duarte
El próximo domingo 13 de septiembre, la sociedad civil sinaloense tiene una cita con su propia dignidad. Encabezados por Coparmex Culiacán y su dirigente, Marta Reyes, diversos organismos convocan a marchar desde La Lomita hasta Catedral para recordar dos años de una tragedia que ha dejado a Sinaloa atrapado entre el crimen organizado, la negligencia institucional y la parálisis política.
Las cifras son estremecedoras: más de 3 mil muertos, alrededor de 4 mil desaparecidos, miles de vehículos robados, viviendas incendiadas, empresas cerradas y unos 27 mil empleos perdidos. Culiacán vive, en los hechos, bajo un régimen de excepción no declarado: después de las ocho de la noche, amplias zonas de la ciudad quedan sometidas al miedo. Lo que debería ser una entidad gobernada se ha convertido en un territorio donde la autoridad parece replegada.
Han transcurrido más de 730 días desde el inicio de esta espiral, sin que la violencia haya concedido un respiro. Por el contrario, se ha extendido hacia Mazatlán y los municipios del sur del estado. Guasave, Sinaloa, Ahome, El Fuerte y Choix permanecen todavía fuera de la zona más crítica, pero nadie puede asumir que están a salvo. Cuando un incendio no se apaga en su origen, termina consumiendo toda la casa.
Lo advertimos durante meses: si el conflicto abandonaba Culiacán y alcanzaba Mazatlán, Guasave y Ahome, Sinaloa enfrentaría un quiebre histórico. Ese escenario ya comenzó a materializarse. La ausencia de iniciativa de los gobiernos municipal, estatal y federal ha permitido que la violencia dicte los horarios, cierre negocios, desplace familias y destruya la confianza pública. Un gobierno que no puede garantizar la vida, la movilidad ni el trabajo de sus ciudadanos está obligado, cuando menos, a reconocer la magnitud de su fracaso.
La crisis también ha exhibido las vacilaciones del poder central. Frente a la controversia relacionada con la eventual extracción del gobernador y las solicitudes planteadas por Estados Unidos, el gobierno mexicano optó por maniobras procesales y por retrasar definiciones políticas. El debido proceso no puede convertirse en una coartada para la inacción. La legalidad debe proteger a la sociedad, no servir como escudo para que las instituciones evadan sus responsabilidades.
En este contexto, la marcha no es un acto simbólico menor. Es una demostración de fuerza cívica frente a la fuerza armada del crimen y frente a la impotencia burocrática. La sociedad debe recuperar la iniciativa, exigir coordinación efectiva, inteligencia, justicia, protección a las víctimas y una estrategia integral que no se limite a desplegar soldados cuando la emergencia ya se desbordó.
Sinaloa no puede resignarse a repetir la tragedia de Ciudad Juárez, donde una guerra semejante dejó heridas que todavía no cierran. La paz no llegará por inercia ni por comunicados oficiales. Tendrá que ser reclamada por una ciudadanía organizada, consciente de que la justicia y la normalidad se construyen con instituciones firmes y voluntad colectiva.
Por eso, el domingo 13 de septiembre, nadie debería permanecer indiferente. La marcha partirá de La Lomita rumbo a Catedral. Es una convocatoria por la paz, pero también contra el miedo, el abandono y el silencio. Sinaloa tiene derecho a recuperar sus calles y su futuro
