- La investigación, radicada en la causa penal 1106/2026, deriva de la adjudicación directa de un contrato de servicios contables para el cobro del impuesto predial.
- El Juez de Control dictó medidas cautelares que incluyen la suspensión temporal del cargo para dos servidoras públicas e inhabilitación de salida del país para los imputados.
CULIACÁN, Sin. — La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obtuvo la vinculación a proceso en contra de tres exfuncionarios y cinco integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de Ahome, por su probable responsabilidad en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
Los imputados en la Causa Penal 1106/2026 son Gerardo Octavio “N” —quien suma además un cargo por Ejercicio Indebido del Servicio Público—, Genaro “N”, Cecilia “N”, así como Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonaí “N”, Fausto Rubén “N” y Judith Elena “N”, miembros de la comisión dictaminadora de compras del ayuntamiento.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por el Ministerio Público, los hechos se remontan al 27 de enero de 2022, fecha en que los involucrados autorizaron mediante adjudicación directa la contratación de un despacho privado para la gestión y recuperación del Impuesto Predial. El análisis documental, fiscal y contable elaborado por la representación social concluyó que la contratación del proveedor externo resultaba improcedente, al tratarse de facultades ordinarias de la hacienda municipal.
Tras evaluar los datos de prueba presentados durante la continuación de la audiencia inicial, el Órgano Jurisdiccional resolvió que existen elementos suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso.
Como medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó la suspensión temporal del cargo para la Síndica Procuradora, Cecilia “N”, y la regidora Judith Elena “N”. Asimismo, para los ocho vinculados se estableció la obligación de acudir a firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y la prohibición expresa de abandonar el país sin autorización judicial.
El Juez de Control fijó un plazo de seis meses para la realización de las investigaciones complementarias a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.
