*Brenda Valenzuela celebró la resolución judicial que impone un plazo de dos días a Seguridad federal para rendir cuentas, pero cuestionó que el Estado actúe solo por mandato de un tribunal y no por convicción.
Ciudad de México.– El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y a diversos mandos de la dependencia, supervisar las actuaciones omitidas y dar seguimiento inmediato a las diligencias para localizar a Carlos Emilio Galván Valenzuela, otorgándoles un plazo de 48 horas para informar sobre el cumplimiento de la medida.
Así lo dio a conocer este martes Brenda Valenzuela Gil, madre del joven desaparecido, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, donde informó que dicha instancia judicial revocó la determinación previa de una jueza que había negado la suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido por la familia.
“El Tribunal ordena al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a diversos mandos de esa institución supervisar adecuadamente las actuaciones que han sido omitidas y dar seguimiento a las acciones necesarias para avanzar en la investigación y localización de mi hijo”, detalló Valenzuela Gil.
Tras reconocer la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Colegiado, la madre de Carlos Emilio cuestionó que las familias de personas desaparecidas tengan que recurrir a litigios federales para obligar a las instituciones del Estado a realizar su trabajo.
“Las autoridades de seguridad y procuración de justicia deberían actuar con eficacia, responsabilidad y humanidad por convicción y por obligación, no porque una resolución judicial tenga que recordarles que hay un hijo que debe ser buscado”, señaló.
Asimismo, enfatizó que en los casos de desaparición el tiempo es un factor determinante, pues cada omisión o retraso compromete las posibilidades de hallar con vida a las víctimas y acceder a la verdad.
Finalmente, Brenda Valenzuela advirtió que mantendrá la exigencia tanto en instancias nacionales como internacionales para que la investigación se conduzca bajo el principio de presunción de vida, demandando que la SSPC responda al mandato judicial con resultados tangibles.
“La resolución judicial es un avance. Ahora corresponde a las autoridades demostrar, con hechos y no solamente con informes, que están cumpliendo”, concluyó.



