MONTERREY, NUEVO LEÓN.– El Instituto Nacional Electoral (INE) destapó un sofisticado esquema de financiamiento ilegal y triangulación de recursos durante la campaña que llevó a Samuel García Sepúlveda a la gubernatura de Nuevo León, involucrando de manera directa a su núcleo familiar más cercano.
Tras una exhaustiva investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, la autoridad electoral acreditó el desvío y la inyección de 14 millones 26 mil 500 pesos provenientes de empresas privadas—entes estrictamente prohibidos por la ley electoral mexicana para financiar campañas—, utilizando a la madre y hermanos del entonces candidato como intermediarios.
El «Modus Operandi» familiar
El dictamen del INE detalla que los recursos no llegaron de forma directa al partido, sino a través de un mecanismo de simulación financiera diseñado para evadir los candados de fiscalización. El dinero fluyó en tres pasos:
Depósitos Corporativos
Diversas personas morales transfirieron fuertes sumas de dinero a las cuentas bancarias de los familiares de García Sepúlveda.
El Puente Familiar
Casi de manera inmediata a la recepción de los fondos, los familiares realizaron transferencias con montos idénticos hacia las arcas del partido Movimiento Ciudadano (MC).
El partido naranja destinó el capital para apuntalar la promoción del hoy mandatario estatal.
El desglose financiero de la autoridad electoral identificó la participación de tres familiares directos:
Bertha Silvia Sepúlveda Andrade (madre): Trianguló 11 millones 600 mil pesos.
Silvia Catalina García Sepúlveda (hermana): Transfirió 1 millón 586 mil 500 pesos.
Roberto García Sepúlveda (hermano): Aportó 840 mil pesos, una cifra que llamó la atención de las autoridades debido a que el implicado se encontraba registrado como estudiante y carecía de declaraciones fiscales que justificaran dicha capacidad económica.
Multa millonaria ratificada
Al confirmarse que se violó el principio de equidad y legalidad en la contienda mediante el uso de financiamiento empresarial disfrazado de «aportaciones ciudadanas», el Consejo General del INE aplicó una sanción equivalente al 200% del monto involucrado.
La multa impuesta a Movimiento Ciudadano ascendió a 28 millones 53 mil pesos, sanción que quedó firme tras ser ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual determinó que la responsabilidad jurídica y el beneficio directo del dinero ilícito recayeron sobre el instituto político.
El expediente de esta investigación también fue remitido a las autoridades correspondientes para determinar posibles responsabilidades en el ámbito de los delitos electorales.
