Ciudad de México.-La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) —mencionada en su consulta como DEFENSA— admitió que elementos del Ejército Mexicano dispararon contra civiles, resultando en seis personas fallecidas y dos heridas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó los hechos ocurridos en días pasado en la comunidad de Estación Manuel, municipio de González, estado de Tamaulipas.
“Ya la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente, primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias”, dijo la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, en el Palacio Nacional.
Sin embargo, la presidenta de la República negó que la ejecución de los seis civiles fuera un cambio en el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas, que, según ella, tenían prohibido responder con fuerza letal, si no había antes un ataque.
“Hay que revisar qué pasó primero para poder tener todos los datos de qué ocurrió. Y segundo, en efecto: o sea, se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etcétera, frente a una agresión”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
La SEDENA informó que una camioneta blanca donde viajaban los civiles (identificados en reportes locales como jornaleros agrícolas) presuntamente intentó embestir a una unidad militar que formaba parte de un convoy. Los soldados, al percibir una «amenaza a su integridad», abrieron fuego.
La SEDENA calificó el hecho como un «error operativo» e informó que el personal militar implicado fue relevado de sus funciones y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia Militar para las investigaciones correspondientes. La institución reiteró su compromiso de actuar con apego al Estado de Derecho y de mantener una política de «cero impunidad».
