CIUDAD DE MÉXICO.— Las recientes modificaciones operativas aplicadas a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, detonarán una batalla judicial en los tribunales federales, según un reporte de la sección Negocios del diario REFORMA.
De acuerdo con especialistas en seguridad social y derecho constitucional consultados por el rotativo, el acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vulnera el principio de jerarquía normativa al restringir derechos amparados por la ley mediante una disposición administrativa.
Excesos administrativos e ilegalidad
El centro de la controversia radica en que el instituto fijó nuevas limitantes para el registro y cotización en dicho esquema que no contemplan el artículo 218 de la Ley del Seguro Social (LSS).
Falta de sustento legal
El abogado especialista Alan Duclaud precisó para REFORMA que un acuerdo administrativo emitido por el Consejo Técnico del instituto no tiene la facultad legal ni la jerarquía constitucional para modificar o acotar derechos de los trabajadores estipulados en una ley aprobada por el Congreso de la Unión.
Sanción temporal arbitraria
Entre los cambios señalados destaca la exigencia de un plazo de seis meses para reinscribirse tras causar baja, así como trabas para elegir libremente el Salario Base de Cotización (SBC) de hasta 25 UMAs, barreras que no están previstas en la legislación vigente.
«¿Puede el IMSS restringir mediante un acuerdo administrativo derechos establecidos en la ley?», cuestionan expertos del sector al advertir que este exceso de atribuciones dejará indefensos a miles de derechohabientes a menos que promuevan un juicio de amparo indirecto.
El escenario legal que viene
Ante la aplicación inmediata de las restricciones, litigantes prevén una inminente ola de amparos promovidos por asegurados que busquen la protección de la justicia federal para revertir las negativas de registro o las limitantes de cotización impuestas.
A la par de la inconformidad ciudadana, el Gobierno federal argumentó que las medidas buscan evitar esquemas de simulación y fraude dentro del régimen. La autoridad ha contemplado evaluar el impacto de estas reglas durante un periodo de seis meses; en caso de requerirse cambios de fondo permanentes, el Ejecutivo remitirá una iniciativa de reforma formal ante el Poder Legislativo.
