Por Eduardo Esquivel Revilla
Son diversas, extraordinariamente diversas las posiciones respecto a la votación por el Poder Judicial: desde la identificación y el apoyo más absolutos; hasta la descalificación y el rechazo, también absolutos, hacia la Reforma Judicial y la votación del 1 de junio.
Entre esos extremos aparece la gran variedad de ideas, posiciones, intenciones.
Unos antes desdeñaban el respeto estricto a la Constitución; otros abogaban por tal respeto. Ahora, con los cambios constitucionales realizados por Morena y sus amigos, aquellos aman la Constitución y éstos dan razones para eludirla.
¿Qué dice la Constitución? “Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”, He ahí el Artículo 36, Fracción III.
Las críticas y las defensas a los cambios realizados por Morena y sus amigos, por lo general se hacen a propósito de asuntos específicos; declarar como cuestiones de seguridad nacional las grandes inversiones públicas; desaparecer la Policía Federal y crear la Guardia Nacional; eliminar la Reforma Eléctrica, calificada como neoliberal; reinstalar el dominio gubernamental en la generación de energía eléctrica; eliminar el Seguro Popular…
Son pocos aquellos que defienden o rechazan de manera integral lo que denominan Cuarta Transformación, que es una tontería, en términos de la Historia, como ciencia, pero ha sido muy eficiente como denominación ideológica y como cuerpo propagandístico.
Volviendo a la votación del 1 de junio, es prácticamente lo mismo votar o no, más allá de los efectos de propaganda, de ideología. Unos quieren legitimar, otros deslegitimar tal votación; para poder llamarla “democrática” o “”antidemocrática”, según sea el bando.
Pero el resultado previsible será un hecho, no sólo por la composición personal del nuevo Poder Judicial, sino básicamente porque desaparecerá el actual Poder Judicial.
A partir de 2018 México entró a un proceso de implantación de un modelo político, económico y social distinto al que se construía desde 1997.
A partir de 1997 se construyó abiertamente un modelo de democracia liberal. A partir de 2018 se construye un modelo semejante al de Venezuela, fundamentalmente dirigido por el gobierno cubano.
Al decir fundamentalmente, me refiero a que puede haber contacto físico o no entre el gobierno cubano y el de Venezuela o el de México, de todas maneras las directrices político-ideológicas generadas en La Habana son las prevalecientes.
A partir de 2018 vivimos en México el proceso de instalación del modelo afín a la línea cubana. Finalmente, vivimos la consecuencia político-social de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro Ruz.
Lo anterior no es “bueno” ni “malo”: para algunos es el mejor camino, para otros el peor.
En términos ideológicos, ambas posturas son respetables, fundadas, defendibles.
La polémica sobre la votación del 1 de junio por el Poder Judicial, está conectada con lo anterior, sí, pero votar o no votar es lo de menos, el verdadero asunto es otro.
Y el resultado concreto de la susodicha votación, ya está esencialmente decidido.
