CULIACÁN, Sin. — En un movimiento que fortalece el control sobre los ayuntamientos y acelera la agenda del bloque oficialista (Morena-PT-PVEM), el Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura a dos dictámenes clave que reforman la Ley de Gobierno Municipal y la Constitución local.
La maniobra legislativa perfila su aprobación inminente en segunda lectura, marcando la línea sobre cómo se fiscalizarán los recursos públicos en los municipios y abriendo paso a nuevas banderas sociales para el cierre del periodo.
Cierran el cerco en los ayuntamientos
El dictamen con mayor carga de profundidad política modifica los artículos 67 Bis 1 y 67 Bis J de la Ley de Gobierno Municipal, a partir de una iniciativa del diputado morenista Eligio López Portillo. La propuesta reconfigura las reglas para los Órganos Internos de Control (OIC) en dos vertientes:
Plazo fatal de 30 días a Cabildos
Obliga a las contralorías a presentar los resultados de auditorías y revisiones ante el Cabildo en un plazo máximo de 30 días hábiles tras su emisión. Con esto se busca dinamizar la rendición de cuentas y evitar que expedientes con presuntas anomalías queden «enlatados» o congelados por conveniencia política.
Candado de secrecía (ley mordaza)
En contraparte, se impone una estricta reserva de información a auditores y despachos externos contratados. El personal de fiscalización que filtre hallazgos u observaciones en proceso será sujeto a responsabilidades legales. La medida frena el uso mediático de las auditorías como garrote o herramienta de desgaste entre grupos políticos locales antes de que existan resoluciones firmes.
Vivienda a rango constitucional
De manera paralela, la alianza de la 4T encarriló una reforma al artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado, impulsada por las diputadas Martha Yolanda Dagnino (PVEM) y Moncerrat López (PT).
El cambio eleva a rango constitucional el derecho a una “vivienda adecuada” bajo criterios de habitabilidad, servicios y asequibilidad. Si bien la medida fortalece el discurso social del bloque oficialista, el pulso político real se trasladará a las leyes secundarias y al presupuesto, donde se determinará si habrá recursos suficientes para respaldar este derecho.
El trámite final
Ambos dictámenes quedaron agendados para su segunda y última lectura, paso previo a su discusión y aprobación en el Pleno, donde la bancada mayoritaria y sus aliados tienen el camino despejado para convertirlos en ley.
