CULIACÁN, SINALOA. En una comparecencia ríspida, el secretario de Desarrollo Económico, Feliciano Castro Meléndrez, fue increpado por el Congreso del Estado ante lo que legisladores calificaron como una «parálisis institucional» frente al colapso financiero que sufren las familias sinaloenses, derivado de la crisis de inseguridad que azota a la entidad.
Un año de retroceso: Cifras oficiales desmienten el optimismo
La diputada Paola Gárate presentó un diagnóstico devastador basado en indicadores del IMSS e INEGI, señalando que Sinaloa atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia económica. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el estado no solo no generó oportunidades, sino que sufrió un retroceso neto de 8,720 empleos formales.
El dato más alarmante revelado fue que Sinaloa lidera la pérdida de patrones a nivel nacional, con la desaparición de 4,581 unidades económicas en un solo año.
«Esto no es una opinión ideológica; es la diferencia entre la estabilidad y la vulnerabilidad», fustigó la legisladora, denunciando que mientras 40,000 jóvenes buscaban integrarse al mercado laboral, el gobierno fue incapaz de ofrecerles condiciones mínimas de seguridad social.
Justificaciones estructurales ante una crisis de seguridad
Frente a los cuestionamientos, el secretario Castro Meléndrez evitó atribuir la caída exclusivamente a la violencia, calificando la situación como un problema «estructural» de una economía que depende excesivamente del sector servicios. En un intento por matizar la crisis, el funcionario sugirió que la desaparición de empresas también respondía a una depuración de la «economía no legal» que generaba competencia desleal.
Pese a los reclamos por la falta de un programa emergente integral y medible, el titular de la dependencia defendió los programas de autoempleo y la inversión social como mecanismos de contención. Sin embargo, reconoció que sectores clave como la construcción han sufrido desplomes severos, apostando el rescate a futuros proyectos federales de vivienda y riego que aún no impactan en la realidad inmediata del bolsillo ciudadano.
Exigencia de resultados y transparencia
La oposición criticó que los apoyos gubernamentales actuales son «aislados, sin metodología y sin medición de impacto», señalando que si no hay indicadores públicos, no existe una verdadera política pública de rescate.
Las exigencias directas al Secretario fueron:
Plan de Emergencia 2026
Presentar una estrategia real con metas trimestrales para detener la hemorragia de empleos formales.
Cuentas Claras
Publicar de inmediato los padrones y criterios de los apoyos otorgados, ante la opacidad señalada por los diputados.
Garantías de Seguridad
Implementar corredores productivos protegidos para evitar que más negocios bajen la cortina por el «fuego cruzado».
El encuentro concluyó con el compromiso de instalar mesas de trabajo en febrero, aunque con la advertencia del Legislativo de que «el pueblo no necesita mensajes optimistas, sino medidas verificables», dejando sobre la mesa la duda de si la estrategia de «industrialización» prometida llegará a tiempo para salvar a las miles de empresas que hoy luchan por sobrevivir.
