Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22 de mayo de 2026. — Una red de corrupción y extorsión gubernamental en la región centro de Chiapas fue desarticulada tras un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La acción judicial derivó en el desafuero, destitución y captura de tres funcionarias públicas, entre ellas Blanca Yaneth “N”, pieza clave de la administración municipal de Jiquipilas, acusadas de exigir un millón de pesos a la empresa avícola Avimarca para permitirle operar.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, la red criminal utilizaba la estructura de los ayuntamientos para bloquear las actividades de las empresas comerciales si estas se negaban a pagar altas sumas de dinero bajo el concepto de «cuotas obligatorias».
El despliegue policial dejó bajo custodia a tres implicadas en los valles centrales de la entidad:
Blanca Yaneth “N”: Alta funcionaria de la administración de Jiquipilas, capturada luego de que el Congreso del Estado de Chiapas aprobara su desafuero y destitución inmediata.
Guadalupe “N”: Operadora del esquema de recaudación forzada y cobro clandestino en el mismo municipio de Jiquipilas.
Olivia “N”: Funcionaria del vecino municipio de Ocozocoautla de Espinosa, procesada por el delito de abuso de autoridad y presuntos nexos con el mismo modus operandi.
Red institucional al servicio del chantaje
La denuncia formal fue interpuesta por los apoderados legales de la empresa Avimarca, quienes señalaron que las funcionarias de Jiquipilas condicionaron la entrega de licencias y el libre tránsito de sus unidades de distribución a cambio del pago en efectivo de un millón de pesos.
Ante la negativa de ceder al chantaje, el gobierno local comenzó a asfixiar operativamente a la empresa, lo que encendió las alarmas de las autoridades estatales sobre la infiltración delictiva en el manejo de permisos y obra pública en la región.
Situación Jurídica: Tras ser aprehendidas, las tres exfuncionarias fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 14 «El Amate», en Cintalapa, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su vinculación a proceso en las próximas horas por el delito de extorsión agravada.
Fuentes del Gobierno del Estado señalaron que las carpetas de investigación permanecen abiertas, ya que no se descarta la participación de más servidores públicos de las arcas locales en municipios colindantes, los cuales enfrentan una severa crisis de legitimidad por cobros ilegales a comercios establecidos.
