Washington, D.C. En un duro pronunciamiento que eleva la tensión diplomática bilateral, Stephen Miller, asesor principal de Seguridad Nacional y subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, arremetió de manera categórica contra las instituciones mexicanas, asegurando que el sistema de justicia, el sistema político y el marco legal de México «no funcionan».
Las declaraciones forman parte de una postura gubernamental en Washington que busca catalogar formalmente a las organizaciones del crimen organizado que operan en territorio mexicano como grupos terroristas.
«Dominio territorial y control por terror»: La postura de EE. UU.
Durante su intervención, Miller sostuvo que vastas regiones del país se encuentran bajo el yugo directo de organizaciones criminales a las que equiparó con células terroristas internacionales.
«El sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal en México simplemente no funcionan porque hay territorios enteros dominados por organizaciones terroristas que matan o secuestran a cualquiera que se interponga en su camino», sentenció el alto funcionario estadounidense.
De acuerdo con el asesor de la Casa Blanca, la capacidad de estos grupos para imponer control territorial mediante ejecuciones, violencia sistemática y secuestros demuestra que el Estado mexicano ha perdido el monopolio de la fuerza en diversas zonas clave.
Presión por la clasificación de «Narcoterroristas»
Las afirmaciones de Miller se enmarcan en una ofensiva política de la administración estadounidense para calificar a carteles como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Juárez dentro del catálogo de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
Miller ha argumentado previamente que estos grupos representan el equivalente al «ISIS o Al-Qaeda del hemisferio occidental», lo que justificaría el uso de herramientas militares, de inteligencia e interdicción directa por parte de agencias estadounidenses para neutralizar sus operaciones financieras y logísticas en la región.
Impacto en la agenda bilateral
El señalamiento directo al sistema institucional mexicano reaviva el debate sobre la soberanía nacional y la cooperación en materia de seguridad fronteriza. Mientras desde Washington se endurece la retórica para justificar operaciones de mayor alcance, en México estas declaraciones suelen ser percibidas como un injerencismo que desacredita los esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada.
