Felipe Guerrero Bojórquez
(Fotografía de acarreos publicada en el sitio Proceso.com.mx el 28 de febrero 2026)
El gobernador Rubén Rocha Moya decidió aclarar lo que ya todos habían visto: que sí hubo movilización masiva en la reciente gira presidencial por Sinaloa… pero que no la pagó el gobierno del estado, sino Morena.
Es decir, no fue el erario, nos dicen, fue el partido.
Si, el partido del gobierno, como si la estructura territorial, los operadores, los vehículos oficiales y la nómina no respiraran el mismo aire y tuvieran el mismo propósito.
Lo relevante no es solo la negación gubernamental, sino la normalización de que lo hizo el partido oficial. Lo que durante décadas fue denunciado como práctica priista, el acarreo, la movilización obligada, el pago por asistencia, el “llenar la plaza”, hoy se acepta con naturalidad burocrática.
Simplemente cambió el color, no la costumbre. El PRI lo hacía y Morena dijo que lo combatiría. Morena lo hace… y ahora lo explica. Pero la pregunta ahí sigue:
¿Quién pagó los camiones?
¿Cuánto costó movilizar contingentes de distintos municipios? ¿De qué partidas salió el recurso? ¿Hubo financiamiento privado?
¿Hubo aportaciones en especie?
Si Morena, como lo apunta el gobernador, movilizó militantes a eventos públicos del gobierno, no lo hizo con su dinero, lo hizo con recursos de los impuestos ciudadanos y, por lo tanto, tiene obligación de transparentarlo.
¿Qué la presidente Claudia Sheinbaum no apuesta por la austeridad, sustento central de su reforma electoral? Discurso contra realidad.
Mientras tanto, en la mayoría de los municipios de Sinaloa persisten carencias elementales: fugas de agua, drenajes colapsados, alumbrado deficiente, calles intransitables, inseguridad cotidiana. Esa es la realidad no ocupa camiones para trasladarse; se manifiesta sola, todos los días.
En los actos se vio a una Presidente blindada por fuerzas armadas y rodeada de contingentes organizados. Se vio músculo. Se vio disciplina. Se vio logística.
Lo que no se vio fue espontaneidad, porque la movilización estructurada por los operadores territoriales no lo permite y, por el contrario, lo que los ciudadanos ajenos a esta dinámica vieron no fue un acto republicano, sino un acto partidista.
Y aquí el fondo es más delicado: si el partido financió el acarreo para respaldar a la militante más distinguida, la Presidente, entonces lo que ocurrió no fue una convocatoria ciudadana abierta, sino una demostración interna de poder de un partido de Estado en versión 4T.
Lo que el ciudadano libre vio a través de las redes sociales y algunos medios, fue un centralismo remasterizado. Viejas prácticas con nuevo discurso, que lleva a una inevitable paradoja: el movimiento que cuestionó la “dictadura perfecta” hoy reproduce aquella práctica de la porra y del aplauso inducido. Antes se denunciaba el corporativismo, ahora se justifica como movilización del pueblo.
Claro, las plazas lucieron llenas en espacios relativamente pequeños. Pero más numerosa fue la ciudadanía que no acudió. La que observó desde lejos. La que no necesitó transporte ni torta, banda, matraca y consigna. Esa mayoría silenciosa que no cabe en la selfie ni en la fotografía oficial, pero que tampoco se puede acarrear.
La historia lo cuenta: cuando un gobierno ocupa movilizar simpatías, militancia y burocracia para demostrar fuerza, tal vez lo que está exhibiendo no es precisamente eso, sino duda. Ese es el verdadero costo político. Ese costo que no se paga en efectivo, sino en credibilidad.
