Felipe Guerrero Bojórquez
¿Cómo calificar el hecho de tratar de burlar la realidad a base de estadística, para eludir la responsabilidad institucional en materia de seguridad pública, sobre todo en Sinaloa?
¿Cómo atreverse decir a la sociedad que, en términos de seguridad «vamos muy bien», y a la baja, cuando la gente ve no solo lo contrario sino que estamos peor que antes?
Secuestros, asesinatos, extorsiones y robos son el pan nuestro de cada día, pero la autoridad ve otra cosa y quiere convencernos de que eso no está ocurriendo. Si la realidad es letal, el discurso oficial lo que genera es más miedo y desesperanza, porque indica que no le interesa resolver el problema, sino esconder su incapacidad o su complicidad con la delincuencia por omisión o por comisión. No se trata de hacer tabla rasa. No todos los que trabajan en el gobierno están coludidos porque se trata de un problema estructural. Es decir, los altos jefes son los que han sembrado en la administración pública a personajes que responden a órdenes externas porque así fue el trato. Compartir el poder, concesionar el presupuesto y las áreas que lo generan.
Nadie se escapa ya de las acciones violentas: profesionistas, empresarios, jóvenes, mujeres y gente ordinaria en lo general. Y nadie está exento de sufrir las consecuencias por una razón central: los delincuentes son los dueños de la calle y están representados en el gobierno. Ellos deciden muchas de las políticas en materia de obra y hasta en cobros de impuestos. En una palabra no hay autoridad que los detenga porque ellos forman parte de la misma.
Eso explica también que, por más fuerzas federales que envíen a Sinaloa y a otros estados; por más marinos y soldados que patrullen, los actos delictivos no solo no disminuyen sino crecen.
Y es que a los mexicanos y a los sinaloenses, desde el púlpito presidencial, a diario nos venden la idea de que las fuerzas armadas y la policía federal hacen investigación y que el gobierno enfrenta las causas que generan la violencia. Ni una cosa ni la otra. Si hubiese realmente investigación no batallaran mucho para dar con los responsables de actos violentos, y limpiaran las calles cuyos dueños están a la vista de todo mundo, menos de la policía y de las fuerzas federales. ¿Ir a las causas? ¿Qué causas? No solo los jóvenes no encuentran fácilmente trabajo, sino muchos de ellos se echaron a perder con la beca mensual que reciben del gobierno, sin importar si estudian o no, si se la merecen por sus buenas calificaciones y su asistencia regular al aula. Ni siquiera eso ha sido capaz de evaluar el gobierno, porque al final lo que les interesa es mantener la simpatía política de la familia y los que están en edad de votar.
Hoy, lo que vemos es un gobierno socialmente irresponsable, porque muchos de sus representantes llegaron al poder impulsados por dinero sucio y, a la vez, concesionando a sus patrocinadores áreas institucionales para hacer negocios y para tener el control de las compras, permisos, autorizaciones y la aplicación del presupuesto.
Por eso el poder fáctico se ha extendido y ya no solo se trata del control del presupuesto oficial, sino del control de las actividades económicas privadas a través de la extorsión, de la vida misma de las familias, sin preocuparse de que la autoridad intervenga en su contra. Al revés: los delincuentes se sienten protegidos, los ciudadanos no.
