Felipe Guerrero Bojórquez
Desde el sábado pasado llegó un reporte al 911 denunciando un secuestro de 10 mineros en Concordia. La Fiscalía mantuvo el dato en reserva pero en ese municipio ya era un secreto a voces lo acontecido, de modo que la dependencia tuvo que hacer público, ayer jueves, el hecho.
Lo hizo justo en el contexto del ataque a balazos a los diputados de Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya y Sergio Torres, cuando en Escuinapa la guerra por la plaza entre las facciones del Cartel de Sinaloa mantiene a la gente en el terror y cuando el Director de Seguridad Pública de ese municipio fue atacado a balazos y dos policías estatales heridos en medio de bombazos.
Dos días antes, se reportaron diversos asesinatos, desapariciones, levantones y despojo de vehículos, principalmente en Culiacán, pero en medio de todo esto destacó una persecución a balazos en el fraccionamiento Terranova, en la capital, justo cerca de una primaria y un jardín de niños, donde un padre de familia fue herido de bala en la cabeza y su niña recibió una esquirla en el rostro. Caos y terror generó el hecho violento en la comunidad escolar que hasta el momento mantiene clases virtuales.
¿Y todo esos graves hechos son aislados? ¿A caso no retratan un ambiente de guerra, de miedo extremo, de descomposición social y de un territorio donde la relativa paz social ha estado ausente durante al menos un año y medio, cuando iniciaron los combates entre las dos facciones del Cartel de Sinaloa?
El atentado contra los legisladores a plena luz del día, en el centro de una ciudad que se supone está súper vigilada, ¿no habla de una impunidad sin límites en donde el Estado no solo queda rebasado, sino que, por la libertad con que actúan los grupos delictivos, se convierte en cómplice por omisión o por comisión?
Un Estado así no es fallido solo en términos de incapacidad operativa y jurídica; va más allá: es un Estado donde en no pocas de sus regiones gobiernan camarillas, que solapan o impulsan estructuras delictivas como forma de mantenerse en el poder. Una burocracia que atenta contra los principios mismos del Estado social para convertirlo en Estado criminal. Tal y como ocurrió, y ocurre aún, en Venezuela.
No hay otra manera de explicar lo que sucede en diversas entidades del país, entre ellas Sinaloa, donde «toda la fuerza del Estado» anunciada por la presidente Sheinbaum ha sido un fracaso por una sola y sencilla razón: Demostrado está que son parte del problema. Sino fuera así, hace mucho hubiesen terminado al menos con la violencia extrema y se hubiesen impuesto como fuerza superior de un Estado resuelto a no ser rebasado y cooptado por estructuras de facto.
Pero los gobiernos federal y estatal seguirán negando la violencia estructural y el fracaso de su lucha con todo y los diez mil elementos federales que dicen tener en Sinaloa. Nos seguirán diciendo que no duermen luchando contra el crimen. Nos presentarán estadísticas y nos repetirán a diario que los delitos van a la baja, mientras la realidad los desmiente. Algunos funcionarios se convirtieron en cara dura, en cínicos. Se armaron de verbo ideológico y al mismo tiempo se blindaron con la pechera de la soberbia. Ellos son los mejores, protegen al pueblo, no pasa nada, son hechos aislados y son inventos de nuestros enemigos.
Miles de expedientes abarrotan los estantes y la memoria de las computadoras de tanto delito cometido durante las 24 horas de todos los días. En el mundo no hay un país como México con archivos de la muerte retacados de expedientes impune. No hay un país con tanta injusticia e insensibilidad, pero sobre todo con tanta impudicia de sus administradores.
Los ciudadanos de México y de Sinaloa merecen otro presente y otro futuro, pero decidieron con su voto lo que hoy precisamente padecen.
