Felipe Guerrero Bojórquez
Que la máxima autoridad federal en materia de seguridad sostenga que el secuestro y asesinato de mineros en Concordia ocurrió por una simple “confusión”, no sólo resulta difícil de creer, sino que suena a coartada prematura con una clara pretensión de verdad oficial.
Según la versión presentada, los captores habrían confundido a los trabajadores con integrantes de un grupo rival. Una confusión, dicen, basada en declaraciones de detenidos. Y con eso, asunto explicado. Es decir, basta lo que diga un presunto implicado para tomar como buena esa declaración y hacerla pública.
El problema es que la realidad no encaja en esa narrativa cómoda y trazada para ocultar lo que verdaderamente pueda estar atrás.
Un comando armado llega directamente al campamento minero de La Clementina, en la cabecera municipal de Concordia. No a un bar, no a un monte, no a un retén improvisado, sino a un campamento plenamente identificado. Somete a los trabajadores, se los lleva en grupo y días después varios aparecen en una fosa clandestina. ¡Ahh! Pero fue una “confusión”.
Confusión con logística, inteligencia previa, ubicación exacta y selección precisa de las víctimas. Vecinos del lugar han señalado que los mineros estaban plenamente identificados, incluso con su indumentaria de trabajo. No era un grupo clandestino. Ni una caravana armada. Eran trabajadores por iniciar la jornada. Pero alguien, según la versión oficial, se confundió.
La autoridad presume investigación, pero valida como explicación suficiente la primera declaración disponible de uno de los supuestos detenidos, a quienes por cierto aún no presentan. Y con eso la autoridad intenta poner cerrojo a una línea, en este caso, incómoda, como es la extorsión sistemática a la industria minera en la sierra de Sinaloa.
Porque si no fue extorsión, sino confusión, entonces no hay un esquema o un modelo de operación criminal. Es decir, no hay cobro de piso, no hay presión ni exigencia y por lo tanto no hay mensaje económico. Sólo un trágico malentendido con saldo de muertos.
Durante años, la minería en municipios como Cosalá y Concordia ha sido golpeada por cuotas criminales. Tan sólo en Cosalá, en el último sexenio, al menos ocho compañías cerraron operaciones por violencia y extorsión, con la pérdida directa de alrededor de mil seiscientos empleos. Pueblos enteros, Copala, Pánuco, Chupaderos, La Mesa del Carrizal, La Capilla del Taxte, quedaron prácticamente vacíos. Familias huyeron, maquinaria quedó abandonada, proyectos detenidos. Pero ahora resulta que el caso más bestial no tiene relación con ese contexto. Fue, nos dicen, una confusión.
La hipótesis parece diseñada más para tranquilizar inversionistas extranjeros, a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que para explicar hechos locales. Los mensajes hacia afuera significan que aquí no pasa nada estructural y los mensaje hacia adentro es para tratar de sofocar la exigencia de información.
Mientras tanto, los secuestros se multiplican en Sinaloa. Mineros levantados; una familia de turistas plagiados en la Zona Dorada de Mazatlán; Otra familia interceptada y levantada en la carretera Los Mochis- Ahome. Sin duda, los delincuentes operando a plena luz, sin prisa, sin la preocupación de que su impunidad sea traicionada por quienes se las otorga. Algo que no suele ocurrir cuando el Estado impone miedo, respeto o no está coludido.
La narrativa oficial insiste en la disuasión, pero la realidad muestra el atrevimiento de los criminales, porque saben que el mensaje, en el fondo, no es para golpearlos, sino para protegerlos y para hacer creer a la sociedad que se trabaja, y que algún día los violentos serán sometidos por su mamá o sus abuelitas.
Por eso, cuando la explicación suena más frágil que los hechos, no es comunicación estratégica, sino que se encamina al control de daños. Solo que, cuando el control de daños trata de sustituir a la verdad, la “confusión” ya no es de los criminales, es del gobierno.



