*Felipe Guerrero Bojórquez
Pocos han dimensionado la terrible crisis económica que padece Sinaloa, principalmente en el ámbito de la producción agrícola y las actividades dependientes como el comercio y los servicios.
En el ámbito del sector agrícola, se estima pérdidas económicas que forman parte, de manera importante, de los 22 mil millones de pesos de toda la cadena que integran el comercio y los servicios. Sin embargo, en el caso específico de la mayoría de los productores, hay que subrayar que han sufrido un aumento en sus deudas estimado en los 429 millones de pesos. La falta de ingresos suficientes para cubrir los costos de producción y las deudas acumuladas ha llevado a no pocos agricultores a la bancarrota; a una difícil situación financiera, al grado que algunos están pensando en vender sus tierras, declararse en quiebra o dedicarse de plano a otra actividad.
Y todo debido a una situación multifactorial donde se combinan la extrema sequía, una incontrolable inseguridad pública, la falta de créditos y apoyo gubernamental, aumento en los costos de los insumos y precios de comercialización bajos lo que, por ejemplo, ha llevado a una drástica reducción en la producción de cultivos como el maíz, cuyo volumen ha alcanzado históricamente los seis millones de toneladas pero que hoy, por la severa crisis, se estimaba al principio que podría haber una cosecha de 2.5 millones de toneladas, cálculo que se redujo últimamente a las 1.8 millones de toneladas, lo que refleja el desastre total en el campo sinaloense.
Es cierto que la extrema sequía tiene su origen en el cambio climático, lo que ha llevado a una severa disminución en la disponibilidad de agua para riego, pero no lo es menos que, independientemente del abandono oficial, en el caso de la crisis hídrica, el gobierno no implementó las medidas técnicas de emergencia para paliar un poco el impacto de la sequía, fenómeno que se resiente en casi todo el estado y de manera específica en un 25 por ciento del territorio en condiciones de excepción. El asunto es grave porque pese a algunas lluvias aisladas, las presas siguen operando a niveles alarmantes.
Queda claro que el gobierno federal no tiene dinero para enfrentar las emergencias, porque el fondo de apoyo destinado para desastres naturales lo disolvió. Por eso también abandonó el mantenimiento de la infraestructura nacional de empresas del Estado como CFE, Pemex, carreteras, escuelas públicas, sector salud etc. etc. y etc. Por eso no hay dinero para invertir y desarrollar al sector agrícola del país, y en consecuencia para garantizar la seguridad alimentaria.
¿Y dónde quedó el llamado Plan Nacional Hídrico 2024-2025, que incluye la modernización de distritos de riego para mejorar la eficiencia en el uso del agua? Ha quedado en rollo porque el compromiso de tecnificar 50 mil hectáreas en Sinaloa para beneficiar a 14 mil usuarios no se ve por lado alguno. Y todavía se enojan los del gobierno por el señalamiento de estas atrocidades.
Solo para dar una idea de la crisis del agua, las principales presas del estado que riegan la mayor superficie de cultivos ubicadas en la zona centro y norte, apenas si llega, una de ellas, al 6 por ciento. El resto no pasa del 5 por ciento de capacidad en sus embalses. Aunado a esta tragedia, los productores tienen que enfrentar otra calamidad: La inseguridad, misma que ha tornado aún más difícil la situación. La escasez de mano de obra es patente: Los jornaleros agrícolas se resisten a migrar a Sinaloa por temor a ser víctimas de la violencia junto a su familia, lo que ha dificultado aún más la recolección de las cosechas. Igualmente, el cobro de piso para sacar la producción está a la orden del día y en las carreteras los asaltos son ya algo común. Y si a lo anterior agregamos los narco-bloqueos en las autopistas, estamos hablando de una grave afectación a la logística y a la capacidad de exportación de los productos agrícolas. ¿Y la autoridad? Nunca llegan o se aparecen a lo último. Y luego se encabronan los políticos porque la gente reclama que todo esto es un soberano desmadre. No hay orden. O al menos que los gobernantes civiles no quieran que haya orden, porque armas y elementos militares sobran como para apaciguar esto en poco tiempo.
La crisis del sector agrícola ha tenido un efecto dominó en el comercio local y la industria de servicios donde se calcula una pérdida aproximada a los 25 mil empleos y se han reducido en un 30 por ciento las ventas. Estos negocios dependen del flujo económico que genera el sector agrícola, de ahí la reducción en el consumo y la consecuente caída de las ventas. Todo ello ha representado una pérdida económica calculada en los 22 mil millones de pesos.
¿Qué sigue de aquí a diciembre próximo? Uno desea con toda el alma no más guerra, no más sequía y no más pérdidas económicas. Y es que la realidad es una pesadilla que no nos ha dejado vivir, aunque algunos se empeñen en decir que no pasa nada.
