Felipe Guerrero Bojórquez
Desde Palacio Nacional, desde el corazón de la República, desde el centro mismo del poder político de México, la presidente Claudia Sheinbaum volvió este miércoles a confrontarse con la oposición, acusándola de aprovechar la crisis de Guadalupe Taddei y del Instituto Nacional Electoral para obtener ventajas políticas rumbo a las elecciones de 2027.
Y no conforme con ello, descalificó a sus adversarios argumentando que carecen de credibilidad y respaldo popular.
Al mismo tiempo, respaldó la propuesta de Morena para investigar la controvertida elección presidencial de 2006.
No podía creer lo que escuchaba, señora presidente.
Porque usted no es la presidente de Morena. Es la presidente constitucional de todos los mexicanos.
Y eso significa algo muy sencillo: usted gobierna también para quienes no votaron por su persona, para quienes militan en otros partidos y para quienes tienen una visión distinta del país.
No importa si un partido tiene cinco simpatizantes, cinco mil o cinco millones. Todos merecen respeto.
La democracia no consiste solamente en respetar a las mayorías, sino también en garantizar los derechos de las minorías.
Usted tiene derecho a expresar sus convicciones políticas, desde luego. Pero su investidura le impone una responsabilidad superior: no confundir la defensa de su partido con la representación del Estado mexicano.
Y mucho menos intervenir políticamente en asuntos que corresponden a instituciones constitucionalmente autónomas.
El INE no es una dependencia de Palacio Nacional. Tampoco la Fiscalía General de la República.
Por eso también resulta preocupante cualquier propuesta que pretenda colocar bajo control gubernamental decisiones fundamentales de los procesos electorales, incluida la producción de las boletas. Una cosa es que Talleres Gráficos de México participe técnicamente y otra muy distinta que el gobierno controle las decisiones electorales.
¿Y AHORA UNA COMISIÓN DE LA VERDAD?
Morena quiere investigar la elección presidencial de 2006 y usted considera pertinente revisar aquellos acontecimientos.
Está bien. Pero si de investigar el pasado se trata, ¿por qué detenerse ahí?
¿Por qué no regresar a 1988, cuando la famosa caída del sistema marcó una de las mayores crisis de credibilidad electoral del país?
Ahí está Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y posteriormente funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y puestos a revisar la historia, podríamos continuar hasta Miguel de la Madrid y seguir retrocediendo.
Al paso que vamos, cualquier día terminaremos formando una comisión para investigar las elecciones de Francisco I. Madero.
O quizá otra para esclarecer cómo Texas y Nuevo México terminaron formando parte de Estados Unidos.
No, señora presidente.
La historia no puede convertirse en un recurso permanente para desplazar del debate público las responsabilidades del presente.
Porque mientras se discute lo ocurrido hace veinte años, siguen sin esclarecerse plenamente asuntos del pasado inmediato.
¿Por qué no transparentar completamente los costos, contratos y sobrecostos del Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
¿Por qué no esclarecer hasta sus últimas consecuencias las irregularidades de Segalmex?
¿Por qué no investigar a fondo las compras y distribución de medicamentos mediante Birmex y el funcionamiento de aquella megafarmacia presentada como solución al desabasto nacional?
¿Y qué decir del huachicol fiscal, las posibles redes de corrupción y las responsabilidades que siguen pendientes?
¿Por qué no evaluar también los resultados de la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y las consecuencias que dejó para millones de mexicanos?
No se trata de declarar culpables por anticipado. Se trata de investigar, transparentar y deslindar responsabilidades.
La exigencia de verdad no puede tener calendario partidista ni detenerse cuando llega a las puertas del propio movimiento político.
Señora presidente:
México enfrenta problemas demasiado graves como para seguir atrapado en una confrontación interminable entre buenos y malos, entre quienes están con el gobierno y quienes piensan diferente.
La inseguridad, las desapariciones, la extorsión, las deficiencias del sistema de salud y las dificultades económicas no distinguen militancias partidistas.
Golpean a todos.
Y todos tienen derecho a exigir soluciones.
Su responsabilidad histórica no consiste en demostrar todos los días que Morena tiene más simpatizantes que sus adversarios.
Consiste en garantizar que los mexicanos puedan convivir, disentir, participar y elegir libremente a sus gobernantes.
En 2027 habrá elecciones y el gobierno federal tiene una obligación fundamental: respetar la autonomía de las autoridades electorales y permitir que sea exclusivamente la voluntad ciudadana la que decida.
Eso también es soberanía nacional, señora presidente.
La soberanía no solamente se defiende frente a gobiernos extranjeros. Se defiende respetando el voto, las instituciones y la pluralidad de los mexicanos.
México necesita diálogo, reconciliación nacional e instituciones confiables.
Y necesita una presidente capaz de convocar a todos, incluso a quienes no comparten sus ideas.
Ganar una elección otorga el derecho constitucional de gobernar.
Pero no otorga el derecho de apropiarse de la República.
Y esa diferencia, señora presidente, es la esencia misma de la democracia.
