FELIPE GUERRERO BOJÓRQUEZ
La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber sido diseñada más al gusto de una comisión presidencial que al resultado de un verdadero debate nacional.
Durante meses se realizaron foros y consultas con especialistas, académicos y actores políticos. Sin embargo, el documento final no refleja el consenso de los expertos, mucho menos la inexistente discusión abierta entre las fuerzas políticas. Los representantes del Ejecutivo hablaron de una cosa, recogieron otras, y terminaron redactando algo distinto.
El resultado es una propuesta que, lejos de fortalecer el sistema electoral y a la democracia, contiene retrocesos inquietantes: la eliminación de avances técnicos como el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el debilitamiento del espíritu de la representación proporcional, recortes al financiamiento de los partidos y del árbitro electoral, así como una peligrosa puerta abierta para que los programas sociales se conviertan, directa o indirectamente, en instrumentos de influencia política.
Y lo más grave: el documento evade lo que debió ser el punto central de cualquier reforma verdaderamente trascendente en el México de hoy: Blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado.
La propuesta del régimen se percibe tan ventajosa que ni siquiera entusiasma a sus aliados. Reducir recursos y espacios legislativos al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México, mientras se pretende arrinconar al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y a Movimiento Ciudadano, más allá de la historia y responsabilidades de cada uno, equivale a alterar el principio básico de competencia política para favorecer al partido gobernante.
En otras palabras: hágase la voluntad… pero en los bueyes de mis compadres.
Al final, la reforma no ofrece cambios de gran calado que fortalezcan la democracia. Tampoco nace de un auténtico diálogo nacional. Todo indica que el documento se redactó en los sótanos de Palacio Nacional, lejos de una discusión plural donde el consenso y la deliberación fueran la base de una nueva etapa democrática.
Lo que se necesitaba era exactamente lo contrario: fortalecer la autonomía del árbitro, obligar a los partidos a transparentar sus procesos internos y garantizar que las elecciones fueran un espacio de competencia limpia, vigilada y segura para todos.
Pero la reforma partió de un viejo y desgastado estandarte del régimen: la austeridad.
A nombre de ella se pretende justificar el recorte al sistema electoral. Una austeridad que, curiosamente, contrasta con el costo desbordado y la opacidad que han rodeado algunas de las obras emblemáticas de la llamada Cuarta Transformación. Con una mano se invoca la frugalidad republicana; con la otra se administra el derroche.
Se asume , como si fuera un privilegio moral exclusivo, la facultad de hablar en nombre del pueblo y de la democracia. Pero el país real es mucho más complejo: vive una crisis de violencia, de impunidad y de captura territorial por poderes criminales que, en muchos lugares, condicionan e imponen candidaturas, nombran funcionarios electorales, presionan votantes y definen resultados.
Ese es el verdadero elefante en la sala.
Se habla de adelgazar el financiamiento electoral, pero no se toca ni con el pétalo de un centavo al financiamiento ilegal que alimenta campañas desde las sombras.
Se habla de transparencia, pero se presiona a los medios y se diluye la rendición de cuentas.
Se habla de equidad, pero no se enfrenta la intimidación de los poderes fácticos que deciden quién compite… y quién desaparece de la contienda.
Mientras tanto, se debilita al árbitro electoral y se mantiene bajo presión a la fiscalía encargada de perseguir los delitos electorales.
Por eso esta reforma, más que trascendente, resulta reveladora. Revela la tentación de consolidar un sistema donde el partido gobernante se convierta en partido de Estado.
¿Pasará la reforma?
Si no prospera, difícilmente será por la presión de una oposición formal debilitada.
Será porque incluso sus aliados, el PT y el Partido Verde, saben que aprobarla equivale a darse un balazo en la sien.
Y es que es muy evidente que el régimen ya decidió hacerlos a un lado y concentrar su poder sin contrapesos.
Los artífices llegaron a la conclusión de que sus socios les estorban, que ya no los ocupan y hay quienes creen que la reforma fue diseñada más para quitárselos de encima, para darle la estocada a los otros partidos y para de una vez concretar el plan de perpetuarse en el poder. Nada de fortalecer la democracia, la propuesta de reforma electoral evidencia que el verdadero proyecto es, después del 2027, caminar solos y felices rumbo a la dictadura. ¿Alguna duda?
