Felipe Guerrero Bojórquez
Hay discursos tan claros que no necesitan traducción. Y el del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jonhson, el día de ayer en Topolobampo, fue demoledor.
Lo ocurrido durante la pretendida primera piedra de lo que serán las instalaciones de la empresa Mexinol, no fue solo la irrupción de una protesta que descarriló un evento cuidadosamente diseñado; fue la escenificación de una contradicción mayor: mientras el embajador Ronald Johnson hablaba de certeza, transparencia y combate a la corrupción, el propio acto se desmoronaba ante la evidente incapacidad de diálogo y acuerdos con los ciudadanos inconformes.
Fue una ceremonia fallida donde la autoridad del gobernador Rubén Rocha se puso en entredicho. ¿Y dónde estuvo los días anteriores el Secretario de Economía, Feliciano Castro, y los responsables de prever y contener la inconformidad social? Porque al final quien queda exhibido es el gobierno estatal, su fragilidad, su incapacidad para garantizar lo más elemental: orden, control y certidumbre para una inversión de miles de millones de dólares.
Y es que la protesta no apareció de la nada; se incubó en un clima, o en un vacío, donde la interlocución falló por el valemadrismo o la soberbia que caracteriza a algunos de los funcionarios del régimen estatal. Al final, la figura de Rubén Rocha recibió una andanada de señalamientos que, en la normalidad, fueran innecesarios sino se tratara de advertencias claras y precisas no de los inversionistas, sino de quien representa los intereses de Washington.
No fue pues un mensaje diplomático cualquiera. Cuando el embajador Ronald Jonhson habla de extorsión, corrupción y reglas inciertas en pleno acto oficial, no está planteando asuntos que quizá no le consten. Está enviando el mensaje de que algo está ocurriendo y debe detenerse cualquier intento delictivo que obligue a la empresa a retirarse.
Y más aún cuando, en paralelo, circulan referencias sobre documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que apuntan a niveles preocupantes de corrupción en estructuras locales. En ese contexto, el proyecto Mexinol deja de ser solo una apuesta industrial para convertirse en una prueba a la honestidad institucional.
Ronald Jonhson fue duro y contundente. Su mensaje no se centró en la congratulación natural ni hizo énfasis en la cooperación binacional en materia de desarrollo económico. No, su narrativa fue de advertencia y de una velada denuncia que abandonó el tono diplomático. Entre otras cosas, esto dijo:
«Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos»…
«La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción». Así, sin tapujo.
Igual, mientras se invocaban los principios del T-MEC , legalidad, reglas claras, combate al soborno, la realidad ofrecía su propio diagnóstico: una inversión que exige certezas aterrizando en un territorio donde la gobernabilidad está en entredicho. Y la protesta ciudadana en plena ceremonia ofreció un botón de muestra. De la exigencia de estabilidad al enojo social de los que se dicen afectados; de un futuro cierto a un presente que indica lo contrario.
En política, como en economía, las señales importan. Y la de Topolobampo fue contundente: no basta con anunciar inversiones ni presumir alianzas entre países. Si el terreno no ofrece garantías y se instala la desconfianza, el dinero, como el agua, simplemente cambia de cauce. Los capitales no tienen patria. Y algunos gobernantes tampoco.
