LA INJUSTA UNIVERSALIDAD DEL PROGRAMA 65 Y MÁS.
Felipe Guerrero Bojórquez.
De los programas sociales operados por el gobierno federal, el más emblemático es el de las pensiones para adultos mayores denominado 65 y más, pero es el más injusto de todos precisamente por su universalidad.
La operación de este programa se hace sin importar el estrato social y sin tomar en cuenta la existencia de un amplio número de beneficiarios que reciben pensión contributiva a través del IMSS, el ISSSTE o las llamadas jubilaciones dinámicas que sostienen algunas instituciones como las universidades públicas y otros sectores.
De acuerdo a la presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, Cristina Ibarra Armenta, “el 33 por ciento de personas adultas mayores que reciben pensiones de bienestar, ya cuentan con otra pensión contributiva del IMSS o del ISSSTE”.
Efectivamente, dentro de esta franja, existe un amplio número de personas jubiladas que reciben mensualmente de entre 25 mil a 300 mil pesos, sobre todo quienes trabajaron en el sector público y en dependencias cuyos sueldos y prestaciones son elevados.
Trabajadores y directivos pensionados por PEMEX, la CFE, TELMEX, universidades públicas, Secretarías de Estado, corporativos privados, empresarios, gente de clase media, media alta y ricas etc., reciben mensualmente altos ingresos, pero conforman al mismo tiempo un universo amplio dentro del programa de pensiones 65 y más a través del cual, injustamente a mi juicio, reciben adicionalmente 3 mil pesos mensuales.
Y es injusto porque mientras estas personas ya tienen resueltas sus vidas y su futuro, todavía, de nuestros impuestos, reciben más dinero mientras que la pobreza extrema no solo no ha sido mitigada, sino que ha crecido durante este sexenio y el financiamiento para producir alimentos se ha reducido drásticamente, de ahí la implementación de programas oficiales para la importación de granos y el aumento de sus precios al consumidor.
De acuerdo al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), citado por Cristina Ibarra investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, “las personas en condición de pobreza extrema ascendieron de 8.7 millones en este sexenio, a 9.1 millones”, lo que ofrece una idea clara de la desigualdad social y de lo injusto que resulta la universalidad de los apoyos, sobre todo el programa insignia del gobierno federal denominado 65 y más.
Basta con que la Secretaría de Hacienda indague en el padrón de quienes ya cuentan con pensiones contributivas, para corroborar que existen millones de mexicanos con ingresos altos y quienes, eso sí, por justicia no debieran recibir la pensión universal del programa de bienestar. El país se ahorraría sumas millonarias que podrían destinarse verdaderamente a combatir la pobreza extrema y a fortalecer el sistema alimentario del país.
Por supuesto, igual existen pensionados contributivos con bajos ingresos nominales, mismos que deben seguir conservando su pensión de 65 y más ya que, ciertamente, sería un complemento justo a sus años de trabajo.
De ahí que debería establecerse un límite hasta determinada cantidad. Solo para poner un ejemplo, aquellos que reciben hasta 15 o 20 mil pesos por su pensión contributiva tendrían derecho a los 65 y más y, por supuesto, el resto, por su nivel de ingresos, dejaría de formar parte de este programa. Con ello el gobierno federal no solo aliviaría la presión financiera que le significará sostener los programas de apoyo, sino que canalizaría más recursos para disminuir la pobreza extrema, sostener un urgente programa de producción alimentaria e invertir más en educación y salud. Esto sí sería justicia a favor de los que menos tienen y le daría mayor sentido a esa frase tan reiterativa de “primero los pobres”.



