Nueva York.-La jueza federal de distrito Beryl Howell emitió un fallo el pasado martes, 23 de diciembre de 2025, confirmando la legalidad de la tarifa de 100,000 dólares para las nuevas solicitudes de visa H-1B.
Esta resolución es un golpe directo para la Cámara de Comercio de EE. UU. y el sector tecnológico, que habían demandado para frenar el cobro, argumentando que excedía la autoridad presidencial y violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Puntos clave del fallo judicial
La jueza Howell determinó que el presidente actuó bajo una concesión estatutaria expresa del Congreso, la cual permite restringir la entrada de ciudadanos extranjeros si se considera perjudicial para los intereses del país.
El tribunal señaló que el debate sobre si la política es «sabia» o no pertenece al ámbito político y no al judicial; por tanto, si la medida se ajusta a la ley, debe ser respetada.
La resolución mencionó que la administración proporcionó ejemplos suficientes donde empresas habían reemplazado a trabajadores estadounidenses con empleados extranjeros bajo el programa H-1B.
Detalles de la Tarifa y Excepciones
Aunque el monto es drástico (comparado con los anteriores $2,000 a $5,000), el gobierno y el USCIS han aclarado ciertos matices para mitigar el pánico inicial en la industria:
Situación ¿Aplica la tarifa de $100k?
Nuevas visas (contratados desde el extranjero) Sí
Lotería de visas 2026 en adelante Sí
Renovaciones de visas H-1B actuales No
Cambio de estatus (ej. de estudiante F-1 a H-1B dentro de EE. UU.) No
Extensiones de estancia para quienes ya están en el país No
Impacto en la Industria
La Cámara de Comercio ha expresado su decepción, advirtiendo que este costo es «prohibitivo» especialmente para pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, la administración sostiene que esto incentivará a las compañías a contratar a recién graduados de universidades estadounidenses y a priorizar el talento local.
Este fallo no es el final de la batalla legal, ya que existen otras demandas activas presentadas por coaliciones de estados (lideradas por California y Massachusetts) y organizaciones de salud, que podrían llegar hasta la Corte Suprema.
