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Congreso de Sinaloa perfila penas más severas para ciberdelitos, fraudes financieros y filtraciones de servidores públicos

Culiacán, Sinaloa.— El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura al dictamen que reforma el Código Penal de la entidad con el objetivo de endurecer los castigos para los delitos de amenazas, hostigamiento, fraude informático y malas prácticas por parte de servidores públicos en la procuración de justicia.

Las modificaciones, que unifican propuestas de partidos políticos e iniciativas ciudadanas, buscan actualizar el marco legal frente al uso de nuevas tecnologías y garantizar la dignidad de las víctimas de violencia y delitos de género.

Los cambios clave de la reforma penal

1. Castigo severo a la extorsión digital y la «pornovenganza»

Se aumentará hasta en una mitad más la pena de prisión para los delitos de amenazas y hostigamiento cuando se utilicen fotos, videos o audios de la víctima (o de sus familiares y parejas) sin su consentimiento para chantajearla. Esto incluye la difusión o venta de este material a través de redes sociales, correos o mensajería telefónica.

2. Guerra contra los «Montadeudas» y fraudes bancarios virtuales

Se crea el artículo 217 Bis, el cual equipara al delito informático y castiga con prisión de 1 a 4 años a quienes se hagan pasar por empleados de bancos o del gobierno para engañar a los ciudadanos y lograr que:

Instalen aplicaciones o programas espía en sus celulares o computadoras para rastrear su información o ubicación.

Entreguen o revelen audios, fotos o información financiera confidencial.

Realicen transferencias o movimientos económicos que afecten sus cuentas.

Asimismo, la falsificación de documentos ahora castigará formalmente la alteración de archivos tanto físicos como electrónicos.

3. Cárcel a funcionarios que filtren imágenes de escenas del crimen (Ley Ingrid)

La reforma introduce el artículo 327 Bis, que impone penas de 1 a 5 años de prisión a los servidores públicos que difundan o filtren imágenes, videos, documentos o evidencias de una investigación penal de forma indebida.

Las sanciones aumentan drásticamente en los siguientes casos:

De 2 a 6 años de prisión

Si las filtraciones muestran cadáveres, heridas o las circunstancias de la muerte de una persona.

De 5 a 8 años de prisión

Si el material filtrado corresponde a cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.

El dictamen retoma e integra tres iniciativas distintas presentadas por el Grupo Parlamentario del PAS (de la actual y de la 63 Legislatura), así como una propuesta del ciudadano José Manuel Valenzuela López.

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