Chetumal, Quintana Roo.- Ahora es Juez del Bienestar y José Luis Jonathan Yong Mendoza es uno de esos ejemplos que generan una profunda desconfianza en las instituciones, especialmente cuando se cruzan antecedentes criminales graves con cargos de impartición de justicia.
Tiene el negro antecedente de que golpeó a su pareja con un arma en Chetumal, antes había sido cesado como policía de Cancún por vínculos con la mafia Rumana, donde la UIF suspendió sus cuentas. Algo increíble.
El nombre de Jonathan Yong Mendoza (quien fue Secretario de Seguridad Pública en Cancún) apareció en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el FBI en 2021.
Se le vinculó con la red de Florian Tudor («El Tiburón»), líder de la mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas y tráfico de personas. En ese momento, sus cuentas fueron bloqueadas debido a estas sospechas de lavado de dinero y protección a grupos criminales.
Recientemente, se reportó un grave incidente en el que Yong Mendoza fue acusado de golpear a su pareja sentimental con la cacha de un arma de fuego en un domicilio de Chetumal.
A pesar de la gravedad de la agresión física y el uso de un arma, el proceso ha sido cuestionado por las víctimas y la opinión pública debido a la aparente lentitud o favoritismo en las investigaciones, lo que resulta más alarmante en el contexto actual es su transición a cargos judiciales.
De la Seguridad Pública a la Judicatura
Juez del Bienestar, se desempeñó bajo esta figura (común en estructuras locales de justicia cívica o administrativa).
En el marco de la reciente reforma judicial y los procesos de elección/designación, personajes con este tipo de antecedentes han logrado colarse en las listas, lo cual contradice la promesa de «limpiar» el Poder Judicial.
¿Por qué es posible esto?
La situación evidencia fallas críticas en los filtros de control de confianza y en los requisitos de elegibilidad. Aunque constitucionalmente se exige «buena reputación» y no tener antecedentes penales, muchas veces los procesos abiertos (sin sentencia firme) o las suspensiones administrativas de la UIF no son tomados como impedimentos legales estrictos para participar en las elecciones judiciales, permitiendo que perfiles bajo sospecha alcancen el poder.
Este caso es un foco rojo sobre cómo la reforma judicial podría ser utilizada por grupos con intereses oscuros si no se aplican mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia extrema.
