CULIACÁN, SINALOA — Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en Sesión Extraordinaria, la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, presentó los resultados de la fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2025. El informe reveló un saldo pendiente de solventar por 236 millones 937 mil 460 pesos, señalando a diversos gobiernos municipales y juntas de agua potable como los principales focos de atención.
Aumento en la muestra auditada e irregularidades detectadas
Félix Rivera informó que el Informe General Ejecutivo concentró el análisis de 59 auditorías (10 de desempeño, 27 financieras, 21 financieras con enfoque de desempeño y una forense). Para este ejercicio, el órgano fiscalizador revisó un total de 35 mil 353 millones 681 mil 415 pesos en gasto público, cifra que representó un incremento de 988.4 millones de pesos respecto al periodo previo.
Derivado de estas revisiones, la ASE detectó observaciones iniciales por un monto total de 934.7 millones de pesos. De esa cifra, las entidades fiscalizadas lograron aclarar o reintegrar 697.8 millones de pesos durante la fase preliminar, dejando aún en calidad de «recuperaciones probables» los más de 236.9 millones de pesos restantes.
De acuerdo con la titular del órgano fiscalizador, los montos observados más significativos se focalizaron en el nivel local:
Ahome, Escuinapa, Elota y Navolato.
Las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa y Salvador Alvarado.
Cuestionamientos legislativos y seguimiento
Durante la etapa de preguntas y respuestas, diputados de las distintas fracciones parlamentarias (Morena, PRI, PAN, PVEM, PAS y PT) cuestionaron a la auditora sobre las irregularidades recurrentes, el estado del ejercicio presupuestal en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la acumulación de observaciones en Elota y los motivos por los cuales el Ayuntamiento de Ahome fue objeto de dos auditorías simultáneas en el mismo periodo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, advirtió que el Poder Legislativo no dejará el informe en el tintero y dará seguimiento puntual a las observaciones pendientes:
«La función del Congreso del Estado es vigilar que los recursos públicos se manejen con responsabilidad, eficiencia y honestidad. La importancia de fiscalizar radica en corregir las irregularidades detectadas y promover las acciones correspondientes cuando así proceda», sostuvo la legisladora.
La ASE continuará con los plazos legales para que los entes públicos notificados aporten las pruebas que permitan solventar los 236.9 millones de pesos o, en su defecto, se den inicio a los procedimientos administrativos y penales correspondientes.
