CIUDAD DE MÉXICO. — El recinto de San Lázaro, concebido como la sede del debate de ideas y la máxima tribuna del país, atraviesa uno de sus episodios más graves. Tras una serie de inspecciones realizadas con binomios caninos en los accesos y estacionamientos del Palacio Legislativo, la Dirección de Resguardo confirmó la detección de entre 35 y 37 diputados federales que pretendían ingresar —o mantenían en sus vehículos— armas de fuego.
El hallazgo expone el nivel de deterioro político e institucional en el Poder Legislativo. Lejos de ser un hecho aislado, las revisiones intensificadas fueron la respuesta directa a los recientes conatos de bronca y agresiones físicas registrados entre legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano dentro de las propias instalaciones. En lugar de privilegiar el diálogo, la respuesta de una treintena de representantes populares ante la crispación política parece haber sido la del peligroso rearme individual.
Ante la gravedad del reporte, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se vieron obligadas a emitir un llamado de alerta a los coordinadores bancarios para exigir el cese inmediato de estas prácticas. Sin embargo, el exhorto pone sobre la mesa la impunidad con la que operan los legisladores: el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados prohíbe de forma explícita la introducción de armas de fuego al recinto y contempla la puesta a disposición inmediata ante las autoridades competentes, medida que hasta ahora se ha limitado a apercibimientos internos.
Como contención inmediata, San Lázaro ha tenido que endurecer sus protocolos de seguridad mediante revisiones vehiculares obligatorias, la implementación de controles biométricos y la drástica reducción del personal de apoyo permitido en el salón de sesiones. El episodio deja un precedente alarmante: la sede de la ley convertida en un espacio donde sus propios creadores vulneran la norma e introducen armas de fuego bajo el amparo de su investidura.
