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sábado, 3 octubre, 2026

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Detienen en Texas a exdirector municipal de Matamoros con cargamento de cocaína

MATAMOROS / SARITA, TX. — Luis Miguel Garduño Castañeda, quien se desempeñó como titular de la Dirección de Servicios Públicos Complementarios en la actual administración de Matamoros, fue capturado en territorio estadounidense tras ser detectado transportando un cargamento de droga valorado en miles de dólares.

La detención se registró en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Sarita, Texas, cuando Garduño intentaba internarse hacia el norte del estado a bordo de una camioneta GMC Sierra. Tras una alerta emitida por un binomio canino, los agentes federales descubrieron un compartimento oculto bajo el piso del vehículo.

En total, fueron extraídos 10 paquetes que contenían 10.92 kilogramos de cocaína. Según el reporte oficial de la DEA, el ahora detenido admitió ante las autoridades tener conocimiento de la presencia de la droga, declarando que realizaba el traslado para saldar una deuda económica.

Deslinde de la administración municipal

Tras confirmarse la identidad del detenido, el Gobierno Municipal de Matamoros emitió una postura oficial para aclarar la situación laboral del implicado:

La autoridad municipal precisó que Garduño Castañeda ya no forma parte de la estructura gubernamental, habiendo causado baja definitiva a finales de 2025.

El Ayuntamiento subrayó que los actos del exfuncionario son de carácter estrictamente personal y no guardan relación con las funciones que desempeñó durante su tiempo en el servicio público.

Proceso legal en EE. UU.

Luis Miguel Garduño permanece bajo custodia federal en el Centro de Detención Coastal Bend, en Corpus Christi, Texas. Enfrenta cargos graves por posesión con intención de distribuir sustancias controladas, un delito que en el sistema federal estadounidense conlleva penas severas de prisión.

Este caso vuelve a poner bajo el escrutinio público los procesos de selección y control de confianza de los colaboradores en los municipios fronterizos, debido a la vulnerabilidad de los funcionarios ante las redes del crimen organizado.

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