Ciudad de México.-La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, se quejó públicamente de que el gobierno de Estados Unidos le había congelado sus cuentas bancarias y que no le habían notificado por ninguna vía, ni siquiera por un «correo electrónico, una llamada o un WhatsApp».
La queja de la diputada se originó a raíz de su presunta vinculación con la red de lavado de dinero de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que implica la congelación de sus bienes en ese país y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses.
En una conferencia de prensa en Baja California, Brown Figueredo, quien es originaria de ese estado, negó las acusaciones y se quejó de la falta de un aviso formal. La frase «ni siquiera me mandaron un correo electrónico, una llamada o un WhatsApp» se volvió viral y generó críticas y burlas.
La Fiscalía General de la República (FGR) en México también ha iniciado una investigación sobre el caso para determinar si existen pruebas de su relación con el cártel.
El caso de la diputada Brown resalta la tensión entre las autoridades estadounidenses y mexicanas en la lucha contra el crimen organizado, así como la complejidad de las acusaciones de lavado de dinero que involucran a figuras públicas.
