- La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Federal, avanza al Senado tras ser avalada en San Lázaro con 330 votos a favor y 122 en contra.
- La Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de determinar qué sectores deberán cobrar exclusivamente por vías electrónicas; la oposición advierte riesgos en la privacidad y exclusión financiera.
CIUDAD DE MÉXICO.— Con 330 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el desahogo de reservas, el texto fue avalado en lo particular y turnado al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación.
La legislación busca masificar el uso de transferencias, tarjetas bancarias, códigos QR y otras herramientas electrónicas de pago, obligando además a las dependencias de los tres niveles de gobierno a aceptar estos medios en la cobranza de trámites y servicios públicos.
Entre los puntos principales del proyecto destacan:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) queda facultada para determinar, de forma gradual, en qué sectores o actividades comerciales el pago digital será la única modalidad permitida.
El papel moneda y las monedas físicas dejarán de ser el estándar predeterminado en los giros regulados, quedando acotados principalmente como mecanismo de respaldo ante emergencias o fallas en las plataformas tecnológicas.
La ley incorpora de manera formal el uso de la CURP Digital biométrica y la creación del Expediente Digital Ciudadano para la apertura y contratación de productos financieros.
El debate: bancarización vs. privacidad y exclusión
Durante la discusión en la tribuna de San Lázaro, la bancada oficialista defendió la iniciativa señalando que reducirá el flujo de efectivo no fiscalizado, combatirá la economía informal y modernizará el sistema de cobro en el país.
Sin embargo, legisladores de la oposición y especialistas advirtieron sobre diversos riesgos:
La digitalización total de las transacciones genera un historial detallado de las compras, montos, ubicación y frecuencia de los usuarios, lo que representa un rastreo directo sobre la vida cotidiana de la ciudadanía.
La integración de biometría y expedientes digitales en redes interconectadas abre la interrogante sobre el resguardo de la información y la posibilidad de accesos no autorizados.
Al condicionar el cobro en determinados giros a medios electrónicos, la medida impactará a la población no bancarizada, así como a las regiones que aún carecen de conectividad a internet o infraestructura de telecomunicaciones estable.
De ser ratificada por el Pleno del Senado sin modificaciones, la minuta será remitida al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
