SAN DIEGO, CALIFORNIA – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha endurecido su postura contra la estructura operativa del Cártel de Sinaloa en la frontera norte de México.
A través de una acusación formal ampliada, las autoridades federales han imputado cargos de narcoterrorismo y narcotráfico a los hermanos René Arzate García («La Rana») y Alfonso Arzate García («Aquiles»).
La postura de las agencias de seguridad estadounidenses fue contundente. James Nunnallee, agente especial a cargo de la DEA en San Diego, advirtió que la impunidad de la que han gozado los hermanos Arzate García tiene una fecha de caducidad próxima.
«Los días de René Arzate García como narcoterrorista están contados», sentenció Nunnallee, subrayando que la captura de estos objetivos es una prioridad de seguridad nacional para frenar el flujo de fentanilo hacia California.
La fiscalía sostiene que los hermanos Arzate García no solo son responsables del trasiego de toneladas de drogas sintéticas, sino de mantener un régimen de violencia que trasciende el crimen organizado convencional:
Se les acusa de coordinar secuestros, torturas y ejecuciones para controlar la «plaza» de Tijuana y áreas circundantes.
El gobierno de EE. UU. utiliza esta clasificación cuando la actividad criminal busca intimidar a poblaciones civiles y gobiernos mediante el terror.
Ambos son identificados como los principales brazos ejecutivos de la facción liderada por Ismael «El Mayo» Zambada en la región de Baja California.
Recompensa y estatus legal
Actualmente, el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos. Se les considera prófugos de la justicia estadounidense y sujetos de alta peligrosidad.
Esta nueva acusación busca facilitar los procesos de extradición una vez que se logre su captura en territorio mexicano, enfocándose en el impacto destructivo que sus operaciones tienen en la salud pública y la seguridad de ambos lados de la frontera.
