MAZATLÁN, SIN. – El sector empresarial de Sinaloa se encuentra de luto y bajo asedio. Tras confirmarse el hallazgo sin vida del empresario frutícola Rafael Tirado Lizárraga, quien fuera privado de su libertad el pasado viernes, la senadora por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, lanzó una enérgica condena a través de sus redes sociales, calificando el acto como un “cobarde asesinato” que refleja la vulnerabilidad total de quienes generan empleo en el estado.
Un gremio bajo fuego y extorsión
En un mensaje cargado de indignación, la legisladora priista denunció que la violencia en la entidad ha escalado a niveles insostenibles para el sector productivo. Sánchez subrayó que los empresarios no solo enfrentan la falta de apoyos institucionales, sino que ahora son víctimas directas de una estructura criminal que los asfixia.
«Los empresarios de Sinaloa no solo son extorsionados y obligados a trabajar sin ningún tipo de apoyo, ahora también son asesinados sin que el Gobierno haga algo para protegerlos», sentenció la senadora en su cuenta de X.
El costo de la «Narcoguerra»
La denuncia de la senadora pone el dedo en la llaga sobre un tema que preocupa profundamente a la sociedad mazatleca: el impacto económico de la inseguridad. Según el pronunciamiento, la violencia desatada por la pugna entre grupos delictivos —a la que denominó abiertamente como una «narcoguerra»— no solo cobra vidas humanas, sino que está minando el sustento de miles de familias al destruir el desarrollo y el trabajo lícito.
Exigencia de justicia y protección
El asesinato de Rafael Tirado Lizárraga ocurre en un contexto de alta tensión en el sur del estado, donde la percepción de inseguridad ha crecido ante la recurrencia de delitos de alto impacto. La postura de la senadora se suma al reclamo generalizado de cámaras de comercio y organismos civiles que exigen al Gobierno Federal y Estatal pasar de los operativos reactivos a una estrategia de protección real y efectiva para los ciudadanos.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos de la legisladora, mientras que el gremio frutícola de la región permanece a la espera de que la Fiscalía General del Estado presente avances concretos en la carpeta de investigación para dar con los responsables de este crimen.
