CIUDAD DE MÉXICO. – El cumplimiento de los tratados internacionales de México se encuentra en una encrucijada tras la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el abogado penalista Gabriel Regino advirtió que cualquier intento del gobierno mexicano por proteger al mandatario desataría consecuencias económicas y diplomáticas devastadoras.
Sin fuero y a disposición de la justicia
Regino fue enfático al señalar que, técnicamente, Rocha Moya ya no cuenta con inmunidad procesal. Al haber solicitado licencia, el fuero constitucional se queda en la función pública y no en la persona.
«No puede haber un doble fuero de manera simultánea; sería contra toda regla de la lógica», explicó el jurista, aclarando que el exmandatario puede ser detenido de inmediato bajo la figura de detención provisional con fines de extradición.
El riesgo de una «investigación fachada»
El abogado alertó sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) intente atraer el caso para evitar la extradición, un escenario que comparó con la exoneración del General Cienfuegos. No obstante, advirtió que para que México pueda argumentar que está juzgando los mismos delitos, tendría que investigar cargos de extrema gravedad, tales como:
Delincuencia organizada.
Tráfico internacional de fentanilo hacia EE. UU.
Vínculos con el narcotráfico durante el proceso electoral.
Para ello, la FGR se vería obligada a solicitar la declaración de testigos protegidos y figuras como Ovidio Guzmán en territorio estadounidense, un paso que hasta ahora la autoridad mexicana no ha mostrado interés en dar.
Represalias de Washington: T-MEC y economía en jaque
El punto más crítico de la advertencia de Regino radica en las represalias que Estados Unidos podría aplicar si México utiliza «argumentos baladíes» para negar la entrega de Rocha Moya y otros nueve colaboradores requeridos.
El incumplimiento del principio internacional Pacta sunt servanda (los tratados deben cumplirse) colocaría a México como un «país no cooperante».
Las posibles consecuencias incluyen:
Presión sobre el T-MEC: Impacto directo en las revisiones del tratado comercial en un momento de vulnerabilidad económica.
Sanciones del Tesoro: Inclusión de los implicados en la lista de la OFAC, bloqueando sus activos financieros.
Fuga de inversión: Una pérdida de credibilidad en el Estado de Derecho que ahuyentaría la inversión extranjera directa.
Un antecedente inédito
Según el especialista, esta sería la primera vez que México se niega a cumplimentar una orden de detención provisional de este tipo bajo argumentos políticos. «Es un antecedente internacional gravísimo», concluyó Regino, señalando que la falta de acción no solo pone en duda la justicia en México, sino que arriesga la estabilidad de la relación binacional.



