Mazatlán.-El escenario político en Mazatlán atraviesa un momento de definiciones estructurales. En medio de un contexto local marcado por retos en materia de seguridad y un entorno económico complejo para sectores estratégicos como la hotelería y el comercio, las fuerzas internas de Morena comienzan a reorganizarse. Entre el reconocimiento del desgaste ciudadano y la urgencia de reestructuración, la narrativa oficialista busca equilibrar la autocrítica con la proyección de fortaleza rumbo al proceso electoral de 2027.
En este panorama, la postura de Roberto Rodríguez Lizárraga, exregidor y actual vocero de Imelda Castro Castro —coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Sinaloa—, en entrevista para TrasBambalinas, ofrece una radiografía de los ejes prioritarios y las tensiones no resueltas al interior del movimiento en el puerto.
Perfiles técnicos frente a la coyuntura municipal
Uno de los principales focos de atención dentro de la administración pública de Mazatlán es la gestión de los recursos económicos y la toma de decisiones presupuestales. La insuficiencia de fondos para cubrir la totalidad de las demandas sociales plantea la necesidad de optimizar el gasto y priorizar obras e ingresos.
Ante esta situación, el diagnóstico desde Rodríguez Lizárraga apunta a que el municipio no está en condiciones de improvisar en las direcciones clave del Ayuntamiento. La exigencia hacia la administración local se centra en la incorporación de especialistas capacitados que asesoren de manera directa a la presidencia municipal, evitando la asignación de perfiles sin la preparación técnica requerida para atender los problemas prioritarios de la ciudadanía.
La retórica de los «anticuerpos» y la depuración interna
El impacto de la coyuntura social y de seguridad no pasa desapercibido en las proyecciones políticas del partido en el poder. Si bien se reconoce una eventual variación de entre uno y tres puntos en los niveles de aceptación popular debido al entorno actual, la estrategia del movimiento confía en la capacidad de recuperación de su base militante.
Para hacer frente a este desgaste, “El Rorro” apela a la existencia de «anticuerpos» dentro de la estructura partidista. Esta metáfora encuadra un proceso progresivo de depuración orientado a señalar y desplazar a personajes que no representan los principios del proyecto de nación encabezado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum. La narrativa busca desvincular la imagen del movimiento de perfiles cuestionados que afecten la percepción pública de Morena en la entidad.
Fricciones en la dirigencia y estatus orgánico
La reorganización interna también deja al descubierto discrepancias respecto al padrón y la validez de las militancias. Frente a declaraciones que han puesto en duda la permanencia de ciertos liderazgos dentro del partido —como las atribuidas al diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo—, se sostiene la vigencia de los derechos políticos de los cuadros locales al precisar que las bajas oficiales corresponden a casos específicos que figuran en las plataformas institucionales del partido, como el del exalcalde Guillermo Benítez Torres.
Estas clarificaciones sobre las funciones reales dentro de la estructura organizativa buscan asentar la legalidad interna de los voceros y cuadros activos, en un esfuerzo por cerrar filas ante los cuestionamientos de la propia dirigencia estatal.
Definiciones en el calendario y la ruta hacia 2027
Con la mirada puesta en las próximas contiendas electorales, Morena alista sus procesos internos para la selección de coordinaciones municipales y locales. El calendario partidista marca fechas clave para el registro de aspirantes, lo que abre el periodo de definiciones para funcionarios en activo y alcaldesas que busquen la reelección o la continuidad en el proyecto.
Bajo la coordinación regional de Imelda Castro Castro y el respaldo institucional de la gubernatura y la presidencia de la República, el oficialismo comienza a barajar perfiles técnicos y políticos —entre los que destacan figuras de la sociedad civil, empresarios y legisladores— para medir sus preferencias en el electorado mazatleco. La apuesta final del movimiento radica en transitar este periodo de reajuste interno para garantizar la estabilidad política y mantener el dominio electoral en Sinaloa hacia 2027.
