Los Mochis, Sinaloa.-A pesar de las añejas denuncias de pueblos indígenas, pescadores y especialistas sobre el deterioro ecológico y social en la Laguna-Bahía de Ohuira, el Gobierno de México respondió una vez más con una «ruta de trabajo interinstitucional» y promesas de futuras revisiones, en lugar de emitir sanciones o suspensiones inmediatas ante los megaproyectos que amenazan la región de Topolobampo.
Tras una reunión celebrada en Los Mochis, en la que participaron casi una decena de dependencias federales —incluidas Semarnat, Profepa, Conagua y el INPI— junto a autoridades estatales y comuneros, el resultado se limitó a un pliego de cuatro acuerdos que, a ojos de los afectados, prolongan la incertidumbre en la zona.
Inspecciones tardías y promesas de diálogo con la empresa
El acuerdo más criticado implícitamente en el comunicado es el encargo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para realizar una inspección «actualizada» de las obras y actividades en la zona. Esto ocurre años después de que las comunidades locales alertaran sobre el impacto ambiental en el ecosistema costero, evidenciando el rezago y la pasividad con la que la autoridad fiscalizadora ha actuado en este conflicto.
Asimismo, la comitiva federal se limitó a señalar que «buscará a la empresa responsable del proyecto para dialogar», una postura institucional que contrasta con la urgencia de las comunidades que exigen frenar la afectación a sus áreas de pesca y el respeto a sus derechos territoriales.
«Ninguna autorización es un cheque en blanco»: el discurso oficial
En un intento por calmar los ánimos, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, lanzó una advertencia discursiva al señalar que «ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco» y que la responsabilidad de la autoridad es actuar ante cualquier incumplimiento. Sin embargo, el boletín oficial no detalla ninguna acción vinculante ni penalización en curso, dejando las palabras de la funcionaria en el terreno de la retórica.
Por su parte, otras dependencias mostraron visiones encontradas o ambiguas sobre el conflicto:
Conagua admitió de forma tardía que la problemática requiere una «respuesta integral» que apenas comenzarán a estructurar con «tareas concretas».
La Secretaría de Economía, a través de la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, insistió en generar «desarrollo económico», un discurso que históricamente ha chocado con la visión de conservación y respeto a la consulta indígena que exigen los pueblos originarios de la zona.
Llama la atención que el cuarto acuerdo del encuentro sea, explícitamente, «respetar el derecho a la manifestación de la comunidad». Que las dependencias federales y estatales tengan que plasmar como un «logro» o «acuerdo» el respeto a un derecho constitucional básico, expone el nivel de tensión, la criminalización latente y el riesgo de confrontación que viven los opositores a los proyectos industriales en el norte de Sinaloa.
El encuentro concluyó con la reiteración gubernamental de que cualquier decisión se hará «con estricto apego al marco jurídico», una frase institucional que suele traducirse en largos procesos burocráticos y legales, mientras el ecosistema de la Bahía de Ohuira y el sustento de los pescadores locales siguen pagando los platos rotos de la industrialización.
