MATAMOROS, Tamps.– La frontera de Tamaulipas se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse una presunta red de corrupción e infiltración criminal en la Aduana de Matamoros. El escándalo vincula directamente a altos mandos aduaneros con el contrabando de combustible a gran escala («huachicol fiscal») y el lavado de dinero en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El foco rojo se encendió tras el cruce de información derivado de las recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, poniendo en la mira pública la relación de los hermanos Óscar Guillermo y Analee de Jesús Juraidini Silva.
El «Cerebro Financiero» y la infiltración aduanera
De acuerdo con las investigaciones de agencias internacionales y reportes periodísticos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Óscar Guillermo Juraidini Silva fue boletinado formalmente por el gobierno estadounidense, que lo identifica como la mente maestra detrás de una millonaria estructura de contrabando de hidrocarburos para el CJNG.
La gravedad del caso escala a nivel institucional debido a que su hermana, Analee de Jesús Juraidini Silva, se ha desempeñado como Jefa de Departamento en la Aduana de Matamoros. Documentos oficiales revelan que la funcionaria tuvo bajo su control el Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), una plataforma estratégica que rastrea legalmente todas las mercancías aseguradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Modus Operandi del fraude millonario
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la red criminal operaba de la siguiente manera:
Introducían millones de litros de combustible estadounidense a territorio mexicano utilizando pedimentos y documentación aduanera falsificada.
Registraban el hidrocarburo bajo otras fracciones arancelarias para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las ganancias netas de la evasión fiscal eran desviadas directamente para financiar las operaciones del CJNG y lavar activos en la región fronteriza.
El caso ha generado fuertes exigencias de rendición de cuentas a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ante la evidente vulnerabilidad y posible complicidad interna en los puentes internacionales de Tamaulipas, en un esquema donde el crimen organizado logró colocar piezas clave en el corazón de la fiscalización fronteriza.
