CULIACÁN, SIN.- Bajo la consigna de que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y no un privilegio, la diputada Paola Gárate Valenzuela urgió al Congreso del Estado a emitir un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para frenar los cobros abusivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que asfixian la economía de las familias sinaloenses.
La legisladora propuso dos rutas críticas ante la crisis energética que vive la entidad: la gestión formal para que se aplique la tarifa 1F en todo el territorio estatal o, en su defecto, que el subsidio de verano se extienda de 8 a 10 meses, argumentando que las temperaturas extremas en Sinaloa rebasan los periodos establecidos por la paraestatal.
Denuncia de cobros por «estimación» y falta de seguridad
Gárate denunció una situación alarmante: la CFE ha dejado de realizar lecturas reales en diversas zonas debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el estado. Esto ha derivado en cobros por estimación que disparan los recibos de manera arbitraria.
«Es inaceptable que una familia que pagaba 200 pesos bimestrales reciba ahora facturas de 3,800 pesos. CFE debe respetar la Ley del Consumidor y realizar mediciones justas», sentenció la diputada.
La legisladora vinculó esta problemática con el contexto de narcoviolencia que afecta a la región, señalando que la falta de empleo, el cierre de negocios y la inflación son agravantes que el Gobierno Federal no ha atendido, dejando a los ciudadanos en una situación de total vulnerabilidad económica y social.
Acompañamiento jurídico contra los cortes
Acompañada por más de cincuenta ciudadanos de colonias y comunidades de Culiacán y Navolato, quienes acudieron al recinto legislativo para manifestar su indignación, Gárate informó que su equipo de trabajo mantiene una campaña de asesoría y trámite jurídico gratuito. El objetivo es evitar el corte del suministro eléctrico a quienes, por los excesos de la paraestatal, se ven imposibilitados para pagar.
Un llamado a la voluntad política
La diputada recordó que, pese a haber planteado desde noviembre de 2025 una suspensión temporal de cobros durante la crisis de seguridad, la respuesta institucional fue el deslinde. En su cierre, comparó la situación de Sinaloa con otros casos nacionales:
El precedente
En Tabasco se lograron acuerdos de condonación por razones políticas.
En Sinaloa se busca un apoyo por razones humanitarias ante una crisis de violencia que los tres niveles de gobierno no han logrado contener.
Finalmente, exhortó a los diputados federales y senadores a sumarse a esta lucha, dejando de lado los colores partidistas para presionar a la CFE en beneficio de la ciudadanía.
