CULIACÁN, SIN. – La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, ofreció este día una actualización sobre las investigaciones de alto impacto que se siguen en la entidad, destacando avances en la identificación de agresores y precisiones sobre el estatus jurídico de las víctimas.
Confirman «confusión» en ataque a Ricardo «N»
Respecto al caso de Ricardo «N», la Fiscal aclaró una aparente contradicción en la naturaleza del crimen. Aunque confirmó que el ataque fue directo, señaló que el joven es considerado una «víctima colateral de las circunstancias», debido a que las investigaciones apuntan a una presunta confusión por parte de los agresores.
Se ha identificado la participación de dos personas, de las cuales una es menor de edad.
Ya se cuenta con la identidad de uno de los sospechosos y se trabaja en el reconocimiento formal por parte de testigos. La carpeta se mantiene bajo el delito de homicidio doloso.
Avances científicos en el caso de Sergio Torres
Sobre el atentado contra el político Sergio Torres, ocurrido hace 20 días, Sánchez Kondo informó que, aunque aún no hay personas judicializadas, la investigación cuenta con avances significativos en el área de servicios periciales.
«Estamos trabajando en todo el esquema de la comparativa de los fragmentos de huellas dactilares recabadas en los vehículos asegurados», detalló la Fiscal.
Hasta el momento, la Policía de Investigación ha identificado:
Seis personas involucradas.
Mantiene colaboración activa con autoridades federales para el cotejo de datos.
Caso de los mineros
En cuanto al caso de los 10 mineros, la funcionaria precisó que la Fiscalía local cumplió con las diligencias iniciales, incluyendo el cateo del inmueble donde las víctimas se encontraban privadas de su libertad. No obstante, confirmó que el resto de la investigación y la información derivada han sido turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR).
Finalmente, sobre presuntos detenidos relacionados con estos hechos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscal señaló desconocer su situación jurídica actual, ya que dichos procesos quedaron bajo la jurisdicción federal.



