Ciudad de México.-En un conversatorio del Congreso de la CDMX la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, llamó a hacer un boicot a Totalplay para no beneficiar a Ricardo Salinas Pliego.
Una funcionaria pública llamando a boicots genera ruido. Cuando una figura con autoridad pública utiliza su plataforma para señalar a una empresa específica, se cruza una línea delgada entre la libertad de expresión personal y la responsabilidad institucional.
Tradicionalmente, se espera que los servidores públicos mantengan cierta neutralidad o se enfoquen en políticas que beneficien al sector en general, en lugar de dirigir campañas contra entidades privadas particulares, y asumir la neutralidad institucional
Al representar al Estado, sus palabras tienen un peso que puede interpretarse como una persecución o uso indebido de poder.
Este episodio no ocurre en el vacío. Hay una tensión pública y constante entre el Gobierno (y sus figuras clave como Citlali Hernández) y Ricardo Salinas Pliego, principalmente por temas de adeudos fiscales y críticas mutuas en redes sociales. El llamado al boicot es, en esencia, la escalada de esa «guerra» retórica al plano de la acción económica.
Podría haber argumentos sobre si esto constituye una interferencia indebida en el mercado por parte de una autoridad.
Alimenta la narrativa de polarización entre el sector empresarial y la administración actual.
