CIUDAD DE MÉXICO.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra la empresa Portacelis Gas and Oil por un presunto esquema de contrabando e importación ilegal de combustibles —conocido como huachicol fiscal— que causó un daño al erario por 834 millones de pesos, reveló hoy el diario Reforma.
De acuerdo con el rotativo, la autoridad fiscal detectó que la compañía ingresó a territorio nacional cargamentos de hidrocarburos utilizando pedimentos falsos para evadir el pago de impuestos federales, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Red vinculada a Andrés López Beltrán y Amílcar Olán
La revelación de Reforma se suma a los hallazgos documentados desde 2024 por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual ha seguido la pista corporativa de Portacelis hasta vincularla con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño y amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán («Andy»).
Las investigaciones periodísticas señalan que dentro de la estructura operativa y legal de Portacelis figuran personajes clave del círculo de Olán Aparicio, como el contador Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como pieza central en la triangulación de negocios y servicios financieros de esta red.
Conexiones internacionales bajo la lupa del FBI
El expediente de Portacelis Gas and Oil abarca también investigaciones trasfronterizas. MCCI y Reforma han documentado que entre los principales proveedores de combustible de esta empresa mexicana figuraba la compañía estadounidense Ikon Midstream, con sede en Texas.
Dicha firma norteamericana cuenta con expedientes abiertos e investigaciones por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por su presunta participación en esquemas internacionales de Tráfico e importación no declarada de hidrocarburos hacia México.
Hasta el momento, la FGR analiza la solicitud formal presentadas por el SAT para resolver la judicialización del caso y la emisión de órdenes de aprehensión contra los administradores y apoderados legales de la gasolenera.
