CIUDAD DE MÉXICO — En un paso decisivo para la consolidación de la política de austeridad, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen que pone un tope estricto a las jubilaciones de la alta burocracia en México.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, confirmó que la reforma busca terminar con los pagos «insultantes» que perciben exdirectivos de organismos públicos descentralizados y empresas del Estado.
Puntos clave de la reforma:
Tope Máximo: Ninguna pensión de exfuncionarios de alto nivel podrá exceder los $70,000 pesos mensuales. Esta cifra corresponde al 50% del salario neto del Presidente de la República.
Organismos Afectados: La medida impactará directamente a exdirectivos y personal de confianza de:
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Banco de México (Banxico)
Banobras y Nacional Financiera
Reducción Drástica: En casos donde exfuncionarios perciben actualmente montos superiores a los $350,000 pesos, el ajuste representará una reducción de hasta el 80% de sus ingresos actuales.
Ahorro Millonario: Se estima que la eliminación de estos privilegios liberará aproximadamente $5,000 millones de pesos anuales, los cuales serán redireccionados a programas de bienestar social.
Justificación Legal
Durante la sesión, el senador Inzunza Cázarez enfatizó que, al tratarse de una reforma a la Constitución Política, prevalece el principio de interés público sobre supuestos derechos adquiridos, permitiendo que el tope se aplique de manera inmediata una vez que la ley sea promulgada.
«No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ni pensiones de un millón de pesos pagadas con el dinero de todos los mexicanos», señaló el legislador durante la lectura del dictamen.
¿Qué sigue?
Tras la aprobación en comisiones, el dictamen pasará al Pleno del Senado para su discusión y votación general. Al ser una reforma constitucional, requerirá de la mayoría calificada (dos terceras partes) y la posterior ratificación de la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales.
