Por: Lic. Eduardo Andrade
CIUDAD DE MÉXICO. – El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial representa un avance en el combate a la delincuencia, pero deja al descubierto un grave vacío legal que genera inseguridad jurídica e incertidumbre económica, advirtió el abogado y analista Eduardo Andrade.
Durante su análisis, Andrade destacó que el eje rector de este conflicto no es la constitucionalidad del bloqueo en sí, sino la falta de criterios claros en la ley. Aunque la SCJN validó por mayoría de seis votos el artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, el abogado señaló que la normativa actual no define qué constituye una «operación inusual».
«El problema es que el legislador no ha establecido en la ley los supuestos o hipótesis que den lugar a un indicio de irregularidad administrativa», explicó Andrade. Al estar estas definiciones únicamente en reglamentos de menor jerarquía, la autoridad actúa bajo criterios que pueden parecer arbitrarios, lo que vulnera la certeza que requieren los ciudadanos y los inversionistas.
Entre la seguridad nacional y la estabilidad económica
Andrade coincidió con la visión de la ministra Yasmín Esquivel, quien sostiene que el bloqueo es un acto administrativo provisional y no penal, por lo que no requeriría forzosamente la intervención de un juez. Sin embargo, advirtió que la señal enviada al mercado es preocupante.
Organismos como la COPARMEX ya han manifestado su temor de que esta medida ahuyente la inversión. Según el analista, la Corte debió optar por una solución que protegiera el interés superior de la República, equilibrando la lucha contra el crimen organizado con la protección de la economía nacional.
Propuestas para dar certeza
Para corregir el rumbo, el abogado Andrade propuso que el Congreso de la Unión precise en la ley situaciones específicas que activen las alarmas de la UIF, tales como:
- Transacciones que superen en un 50% el promedio histórico de una cuenta sin previo aviso.
- Operaciones provenientes de jurisdicciones de riesgo o paraísos fiscales.
«Si el ciudadano sabe lo que dice la ley, puede prevenir el bloqueo justificando sus operaciones de antemano», afirmó. Además, instó a perfeccionar los mecanismos para que, incluso con cuentas congeladas, las empresas puedan disponer de recursos para fines lícitos y urgentes, como el pago de nóminas e impuestos.
Un llamado al debate judicial
Finalmente, Andrade lamentó que la dinámica actual en la Suprema Corte parezca favorecer posturas políticas preestablecidas sobre el intercambio de argumentos técnicos. Subrayó que en temas de gran trascendencia, el objetivo del máximo tribunal debe ser convencer mediante el derecho, garantizando siempre que la ley sea el fundamento sólido de cualquier acto de autoridad.
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