CIUDAD DE MÉXICO . Una investigación publicada por el semanario Proceso ha puesto al descubierto un esquema de control presupuestario y operación mediática diseñado desde la Vocería de la Presidencia.
El reportaje señala a Jesús Ramírez Cuevas como el arquitecto de una maquinaria de propaganda que utilizó hasta 27 mil millones de pesos de recursos públicos para blindar la imagen presidencial y desarticular voces críticas.
El «Decreto a la Medida» y el Control de la Caja
Según la investigación, el esquema se consolidó mediante decretos administrativos que centralizaron el presupuesto de Comunicación Social de todas las dependencias federales en la oficina de Ramírez Cuevas.
- Poder Absoluto: Esta centralización permitió que la asignación de contratos no dependiera de la relevancia informativa o el alcance de los medios, sino de su alineación ideológica con el gobierno.
- El Monto: Se documenta un gasto acumulado de 27 mil millones de pesos, ejercidos con opacidad y bajo criterios de «premio y castigo».
- Maquinaria de Ataque y «Pagos en Greña»
El reportaje detalla que una parte sustancial de estos recursos fue destinada a:
- Operadores Digitales: Financiamiento a una red de YouTubers, influencers y portales de reciente creación dedicados a replicar la narrativa oficial.
- Campañas de Contraste: Uso de dinero público para financiar granjas de bots y cuentas dedicadas a golpear a periodistas, opositores y críticos del régimen.
- Convenios Discrecionales: Contratos de publicidad oficial entregados a medios afines que, en lugar de informar, funcionaron como brazos de propaganda.
- La Perspectiva de Julio Scherer
La publicación incluye declaraciones contundentes de Julio Scherer, quien fuera Consejero Jurídico de la Presidencia. Scherer describe a Ramírez Cuevas no solo como un vocero, sino como un «cajero» y operador político que transformó la comunicación social en una herramienta de guerra digital. Lo califica como el ejecutor de una estrategia para «fabricar realidad» y ensuciar la reputación de quienes resultaran incómodos al poder.
Uso Político del Dinero Público
La denuncia central de la investigación es que este sistema no constituye «comunicación social» bajo los estándares legales, sino un uso político de recursos públicos. El reportaje sostiene que se montó una estructura paralela de información que operaba desde Palacio Nacional para gestionar la percepción ciudadana mediante el descrédito sistemático de la prensa tradicional.
Estatus Actual: Hasta el cierre de esta edición, Jesús Ramírez Cuevas no ha emitido una respuesta técnica detallada a los documentos presentados por Proceso, limitándose a descalificar la investigación como parte de una campaña de desprestigio.
