CIUDAD DE MÉXICO. – Una investigación periodística publicada por el diario Reforma ha puesto al descubierto un presunto esquema de triangulación de recursos públicos que vincula a un importante proveedor del Gobierno Federal con el financiamiento de estructuras políticas. De acuerdo con el reporte, la empresa Grupo Tecno habría transferido al menos 65.8 millones de pesos a una red de 10 empresas fantasma ligadas a operadores del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.
Dichos recursos, señala la investigación, habrían sido destinados a las campañas de la hoy gobernadora Mara Lezama y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El contrato de los pasaportes
El origen de los fondos se rastrea hasta un contrato de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adjudicado en 2021 a Grupo Tecno (bajo la razón social Giesecke + Devrient Mobile Security de México). El acuerdo, con vigencia hasta 2026, contempla un pago de 3 mil 800 millones de pesos por el servicio de emisión de pasaportes electrónicos.
Sin embargo, el seguimiento financiero realizado por Reforma detectó que, tras recibir los pagos gubernamentales, la empresa dispersó millonarias sumas hacia compañías que carecen de infraestructura real y cuyos domicilios fiscales resultaron ser predios abandonados o locales inexistentes.
El operador en la sombra
La red de empresas beneficiarias apunta directamente a César Gamboa, identificado como un operador financiero clave del PT en el sureste mexicano. Según la fuente, Gamboa habría sido el puente para que el flujo de efectivo llegara a las estructuras de movilización y promoción política en Quintana Roo y durante el proceso electoral federal.
Implicaciones y reacciones
El reportaje de Reforma destaca que este esquema de «empresas fachada» es una práctica recurrente para evadir la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y permitir el ingreso de dinero de procedencia pública a actividades proselitistas.
Hasta el momento, los equipos de las mandatarias señaladas y la propia SRE no han emitido un posicionamiento oficial actualizado sobre estos nuevos hallazgos. No obstante, en el Congreso de la Unión, diversas bancadas de oposición ya han solicitado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inicien una investigación forense para esclarecer el destino final de los impuestos de los mexicanos.



