CIUDAD DE MÉXICO. – En un informe enviado al Senado de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno Federal ha interpuesto siete investigaciones contra funcionarios públicos vinculados a una presunta red de «huachicol fiscal» que opera en puertos y aduanas estratégicas del país.
Las indagatorias, ejecutadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se centran en irregularidades detectadas en las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de tres puntos clave:
- Guaymas, Sonora.
- Tampico, Tamaulipas.
- Ensenada, Baja California.
Asimismo, las pesquisas alcanzan a personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), instituciones encargadas de la vigilancia y control de las mercancías que ingresan al territorio nacional.
La revelación se dio tras el desahogo de 50 preguntas parlamentarias formuladas por las bancadas del Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno. El Partido Acción Nacional (PAN) fue el grupo que cuestionó de manera directa las acciones del Ejecutivo para desarticular el contrabando de combustibles, una práctica que consiste en ingresar hidrocarburos al país bajo fracciones arancelarias distintas para evadir el pago de impuestos.
Acciones de Control
Según el documento oficial, los órganos internos de control han intensificado la fiscalización en las terminales marítimas para detectar omisiones o colusiones que permitan el paso de combustible ilegal.
«Se han iniciado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes para sancionar a quienes, desde el servicio público, hayan facilitado el mercado ilícito de combustibles en perjuicio de la hacienda pública», detalla la respuesta del Ejecutivo.
Este golpe al «huachicol fiscal» forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la soberanía energética y sanear las instituciones de seguridad y comercio exterior de actos de corrupción.



