CDMX.– Autoridades de los Estados Unidos, en coordinación con instancias federales en México, mantienen abierta una investigación sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del gobierno de Durango y grupos del crimen organizado. Los señalamientos alcanzan de manera directa al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, así como a mandos clave de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Finanzas.
De acuerdo con reportes periodísticos y fuentes de inteligencia citadas por el diario nacional La Silla Rota, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia estadounidense indagan un esquema de protección institucional en favor de facciones del Cártel de Sinaloa que operan en la región, particularmente el grupo de Los Cabrera Sarabia y células alineadas a La Mayiza.
Testimonios y presión de la DEA
Las pesquisas apuntan a que los presuntos acuerdos de protección habrían derivado en la filtración o el entorpecimiento de operativos federales en territorio duranguense y en la zona del Triángulo Dorado.
Como parte del armado del caso, se reportó que la DEA ha convocado a diversos servidores públicos y exfuncionarios de la administración duranguense a comparecer en la Ciudad de México para rendir testimonios confidenciales y cruzar información sobre movimientos financieros y redes de apoyo gubernamental.
El factor político y la entrega de la plaza en 2028
El entorno del mandatario estatal, de extracción priista, se mantiene bajo una fuerte presión política y diplomática. Testimonios recabados por medios de comunicación indican que, en reuniones privadas, Villegas Villarreal habría manifestado su confianza en evitar un proceso de entrega o extradición a la justicia estadounidense.
Según estas versiones, la estrategia de supervivencia política del gobernador incluiría tender puentes con la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y operar políticamente para facilitar la transición y el triunfo del partido Morena en la gubernatura de Durango de cara al proceso electoral de 2028.
Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado de Durango ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas filtraciones. Debido a la naturaleza de las investigaciones binacionales, el caso se mantiene bajo estricta reserva institucional, sin que formalmente se haya hecho pública una imputación de cargos en tribunales de ninguno de los dos países.
