MEXICALI, B.C. — La administración estatal turnó ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (Secretaría Anticorrupción) una investigación por el presunto uso de recursos públicos con fines partidistas, luego de que se documentara el traslado de personas a un mitin político utilizando autobuses del programa estatal de transporte universitario COMUNDER.
Los hechos se registraron durante la movilización de simpatizantes desde el municipio de Tecate hacia Mexicali para asistir a un evento convocado por la senadora Julieta Ramírez Padilla. La presencia de las unidades oficiales adscritas al Gobierno del Estado encendió las alarmas de las autoridades administrativas para deslindar responsabilidades por el posible desvío de bienes públicos.
Funcionario de Bienestar en el centro de la polémica
Las investigaciones y registros territoriales señalan como coordinador del traslado a Rubén Eduardo Sandoval Chávez, quien se desempeña activamente dentro de la estructura política de la legisladora. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Sandoval Chávez percibe un sueldo público como analista en la Secretaría de Bienestar de Baja California. En el ámbito político, ha operado como coordinador de campaña y ha figurado como aspirante suplente a regidor dentro del grupo político de la senadora.
A la controversia por el uso de transporte oficial se suma el historial judicial del funcionario. Registros de la Corte del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, confirman que Sandoval Chávez fue sentenciado en 2012 tras declararse culpable por el tráfico de un cargamento de casi mil kilogramos de marihuana, delito por el cual cumplió una condena de 30 meses en una prisión federal estadounidense antes de reincorporarse a la función pública y al activismo político en la entidad.
La Secretaría Anticorrupción revisa la bitácora de uso de los autobuses institucionales y la deslindación de responsabilidades administrativas sobre los funcionarios involucrados.
